Solo una mínima parte de los ayuntamientos cumple con la norma
22 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los presupuestos municipales en los concellos de la Costa da Morte, aunque no es exclusivo de la zona y pasa en todo el país, se han convertido más bien en inventarios de lo ya gastado que en una verdadera previsión de aquello en lo que se va a invertir el dinero público. Solo una mínima parte de los ayuntamientos cumplen con la ley y los llevan a pleno antes de final de año, con lo que la gran mayoría de alcaldes se escudan en falta de apoyos políticos o dificultades técnicas, porque realmente tampoco les influye demasiado contar o no con este instrumento. Así, lo que sería impensable en cualquier empresa medianamente seria se convierte en moneda común en unas administraciones que, dada la falta de capacidad económica propia, quedan convertidas en proveedoras de servicios tasados y poco más.
La excepción la marcan Carballo, que acaba de presentarlos, y Vimianzo, que los aprobó el viernes. Además hay algún ejemplo más de habituales cumplidores, como A Laracha o Cabana, aunque en los últimos tiempos este municipio se haya visto afectado por la vacante en la secretaría. De hecho, en cuanto se cubrió la plaza el alcalde lo primero que hizo fue llevar los presupuestos a pleno.
A partir de ahí la casuística es variada, pero el resultado casi siempre el mismo, el incumplimiento de la ley con más o menos meses de demora. Entre los que pecan menos, por así decirlo, está Dumbría, que aprobó los suyos en enero o Corcubión, que hizo lo propio aunque fuera para prorrogar los del año siguiente. Además, como explicaba ayer el alcalde, Manuel Insua, esta vez ya se ha reunido con intervención y ahora buscará apoyos para sacarlos adelante, porque aunque realmente hay poco que decidir con los recursos que cuentan y están pendientes de la relación de puestos de trabajo (RPT), los considera «unha ferramenta de traballo importante».
En el término medio aparecen concellos que, curiosamente, tienen mayorías políticas suficientes, como Zas, que los aprobó en abril; Camariñas, en julio, o Malpica y Cerceda. También por esas fechas, en agosto concretamente, lo hizo el gobierno de Fisterra, que siempre le criticaba este retraso a su antecesor y ahora, aún sin ser tan sangrante, cae en lo mismo. Según justificó su alcalde, José Marcote, esta vez están también limitados por la RPT, porque puede suponer unos ajustes salariales que hay que reflejar. En cualquier caso, se marca el objetivo del primer trimestre del 2018 e incluso asegura que tratará de llevarlos a alguno de los primeros plenos del año.
Ya en los casos más extremos destaca el de Ponteceso, que aprobó la semana pasada los del 2017, a escasos 45 días para acabar el año, o el de Laxe, que sigue con ellos prorrogados. Bien es cierto, que en este caso, como ocurre en otros municipios de la zona, la falta de los funcionarios de mayor rango -pasaron hasta cinco secretarios interinos- dificulta en extremo este tipo de procedimientos.
Mención aparte merece el ejemplo de Coristanco, donde Amancio Lavandeira acabó apartado del cargo en una de las mociones de censura más extrañas de la historia política reciente de la zona, sin poder trabajar con unos presupuestos realizados por su equipo. De hecho, gestionaba con las cuentas prorrogadas de su antecesor, Antonio Pensado, quien curiosamente vuelve a ocupar ahora el cargo de manera accidental, y nunca mejor dicho porque fue un siniestro de tráfico el que motivó la baja del titular, Abraham Gerpe.
El alcalde de Cee ve otras prioridades y no se plantea ahora buscar los apoyos políticos necesarios
El municipio que mejor ejemplifica estas disfunciones, por así decirlo, en cuanto la aprobación de los presupuestos es el de Cee, porque se concentran varios de los factores que se dan por separado en otros lugares y, además, fue el único de la zona en valerse de una prerrogativa legal, ahora tumbada por un recurso, para aprobarlos en junta de gobierno, una vez rechazados por el pleno.
El alcalde, Ramón Vigo, ya deslizó en uno de los últimos plenos, para indignación de la socialista Margarita Lamela, que no iba a ponerse a negociar unos presupuestos, por el contexto de fragmentación política de la corporación, pero también porque, como reafirmaba ayer, ve otras cosas más importantes como gestionar el POS o abrir la piscina. Admite que lo normal, teniendo las mayorías políticas suficientes, es aprobarlos, pero como «son fabas contadas e non hai moito onde moverse, teñen maior significación burocrática que de iniciativa política». De hecho, afirma que no notó diferencia alguna en el 2016 cuando tenía un presupuesto nuevo, el validado en junta de gobierno, que en este 2017 con él prorrogado. Supone algunas limitaciones, por ejemplo si se pretende introducir algún subvención nominativa más de las que ya hay o a la hora de acceder al Plan de Aforro e Investimentos (PAI) de la Deputación, pero poco más.
Vigo admite que tampoco sería tan complejo, porque le bastaría el apoyo del PP, pero ahora mismo ni se plantea esa situación porque no lo ve como «unha necesidade imperiosa», que le vaya a repercutir de manera sensible en la gestión ordinaria del municipio.