Un acreedor llamado Generalitat de Catalunya

Pedro González Vieites CORRIENTES DEL ANLLÓNS

CARBALLO

13 oct 2023 . Actualizado a las 22:28 h.

La AIREF (Autoridad de Responsabilidad Fiscal) ha recomendado al Gobierno de España en diversas ocasiones en estos últimos años que establezca una estrategia fiscal a medio plazo para que sirva de orientación y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Púbicas. En mi opinión, se ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones mientras se dispara la presión fiscal sobre los trabajadores, autónomos y pymes, yo diría que, en muchas ocasiones con liquidaciones de dudoso encaje legal, con la única finalidad de incrementar los ingresos para financiar el gasto público.

La quiebra de empresas ya se ha acrecentado en España respecto al año 2019, la mismísima UE alerta y presenta, también, datos muy preocupantes dado su crecimiento en el último trimestre. Además de la preocupante situación de declaraciones de concursos de persona física que se están dando y que, como consecuencia de la aplicación de la legislación vigente, intentan acogerse a la segunda oportunidad mediante la exoneración del pasivo insatisfecho para todos aquellos instantes de buena fe, el legislador ha previsto que la segunda oportunidad recaiga sobre los acreedores (deudas) privados, salvando explícitamente el crédito público (deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).

Desde hace unas semanas con el inicio de las negociaciones para la formación del gobierno, desde la Generalitat de Catalunya, y miembros de ERC y Junts, han insinuado y propuesto una «exoneración» de su pasivo, el perdón de su deuda con el Fondo de préstamos del Gobierno Central (FLA) a las comunidades autónomas, unos 72.000 millones.

El Estado Central, como acreedor de la Generalitat tiene derecho a que se cumpla una obligación como lo es el pago de la deuda, dado que la exoneración o quita de un débito (de dinero de todos los contribuyentes) por importe tan relevante a aquella comunidad autónoma, además de un incumplimiento de la norma, significaría un trato discriminatorio respecto a otras CC. AA., que están cumpliendo regularmente sus obligaciones de pago y no haría más que empeorar y ahondar en la decadencia económica y social convertida en enfermedad crónica, consecuencia del excesivo endeudamiento público en el que hemos incurrido como sociedad y que no ha contribuido a mejorar, por ejemplo, la renta per cápita de los españoles, que se sitúa en el cuarto país por la cola de los veinte que componen la zona euro.

El pasado mes de agosto saltaba la noticia de que el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), uno de los más grandes del mundo, ha reducido a la mitad su inversión en deuda pública española, aunque no es el único en el mercado que se está deshaciendo de renta fija emitida por el Reino de España (2º país del mundo en deuda exterior, que pagará este año 2023 solo de intereses más de 20.000 millones). Si analizamos la rentabilidad-riesgo derivada de la inestabilidad política surgida el 23-J y el elevado apalancamiento casi 1,5 billones de euros, comprenderemos que en un mundo que se mueve, en gran parte, gracias a la capacidad de endeudarse que tienen consumidores, empresas y Estados, el perdón o exoneración de pago de una deuda no sugiere credibilidad ante sus acreedores para ningún Estado y menos como al que aspira ser Catalunya, que presenta unos estados financieros prácticamente de insolvencia y a la que ya solo presta dinero el Estado, dado que en los mercados financieros internacionales, su deuda ha sido calificada como bono basura, en algún momento, lo que les impide colocar sus bonos soberanos (su deuda), por su escasa demanda y credibilidad, entre los inversiones internacionales.