Insisten en denunciar ante la Xunta y la Guardia Civil a distribuidores de refrescos
CARBALLO
Una empresa de Cee y otra de Lugo aseguran que camiones y furgonetas que realizan el reparto de bebidas utilizan tarjeta de transporte propio y no público
25 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa Disneria, de Cee, y otra empresa de distribución de Lugo, han vuelto a presentar a través de su abogado, Javier Roldán, denuncias ante distintas instituciones porque los camiones y furgonetas que realizan el reparto de bebidas utilizan tarjeta de transporte propio y no público, que es el que permite movilizar mercancías para diferentes operadores.
Los alegantes echan en cara a la Dirección General de Movilidad que no haya adoptado «las oportunas medidas cautelares a través de las que no consentir que estos vehículos circulen en clara infracción de la legalidad vigente». Han logrado que desde la Dirección Xeral de Mobilidade se hayan abierto «expedientes sancionadores correspondentes» y que desde el ministerio hayan «dado traslado a la Comandancia de la Guardia Civil».
El tipo de los títulos es básicamente una cuestión administrativa en función de si es distribuidor es un mero transportista entre las fábricas y los hosteleros o si lleva su propia mercancía al haberla adquirido primero y facturado después al punto de origen.
El conflicto, que afecta a autónomos de la Costa da Morte, arrancó oficialmente en abril del año pasado con la primera denuncia, en base a «un informe elaborado por la agencia de detectives El ojo de Horus de 172 folios», según asegura uno de los denunciantes.
En un escrito enviado en septiembre, el empresario lugués que apoya la denuncia de Disneria, explica el origen del asunto a la ministra de Transportes. Todo nace a raíz de un acuerdo de distribución entre Coca-Cola e Hijos de Rivera, que hizo que la multinacional del refresco prescindiera de muchos de los que le hacían el reparto. La popular bebida y la cerveza pasaron así a ser transportadas en los mismos vehículos. La cuestión está en que una de las compañías factura a sus repartidores, que son autónomos, y estos a los bares y restaurantes; Coca-Cola tiene otro sistema. Los denunciantes aseguran que vende directamente al hostelero, por lo que la distribución debería llevar la tarjeta de servicio público porque los camiones llevan mercancía de un tercero.
Las quejas se han repetido este año porque, al parecer, todavía no se han tomado las medidas que los denunciantes esperaban. De hecho, autónomos de la zona que realizan este trabajo, alguno de ellos desde hace más de 30 años, aseguran ignorar medida alguna.
Ya el año pasado, el asunto se trató con las fábricas y les aseguraron que no había problemas y que todas las actividades eran completamente legales.
Medidas
Sin embargo, desde Disneria y la otra empresa de Lugo (que hace un año ya estaba en disolución), insisten para que tanto desde la Xunta como desde el Gobierno central se tomen medidas. Explican en su último escrito que también han dado cuenta a la Jefatura de Tráfico de A Coruña y que el abogado ha solicitado del delegado del Gobierno en Galicia que tome medidas «para evitar la ilegalidad que se está cometiendo y que la Dirección General de Movilidad no adoptó».