El Consello Consultivo da la razón al ejecutivo ceense y declara nulo el convenio firmado con la Iglesia en 2002

M. López CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO

MAICA SIMON

El arzobispado se comprometía entonces a ceder unos terrenos para la construcción de un polideportivo a cambio de que se le recalificasen otros

16 ene 2021 . Actualizado a las 21:59 h.

El Consello Consultivo de Galicia da la razón al gobierno local de Cee y considera nulo el convenio firmado en 2002 entre el entonces alcalde, Antonio Domínguez, y el Arzobispado de Santiago. La Iglesia se comprometía entonces a ceder unos terrenos para la construcción de un polideportivo a cambio de que se le recalificasen otros.

En el texto -el segundo, tras un primer convenio rubricado en 2001- se incluía un aval a pagar por el Concello en caso de que no se recalificase la cantidad de terreno que pedía la Iglesia: 153.000 euros, que fueron reclamados en 2019 por el Arzobispado tras años de sucesivas renovaciones del contrato.

El ejecutivo local inició una revisión de oficio del convenio y encargó informes técnicos y jurídicos, concluyendo estos que el texto debía considerarse nulo al ser imposible de cumplir su contenido. Una vez el pleno aprobó esta resolución, fue remitida al Consello Consultivo, que, con fecha de 13 de enero y por unanimidad de sus miembros, ratificó su contenido.

Afirma el órgano en su dictamen que «a ausencia de tramitación municipal previa á aprobación dun convenio urbanístico constitúe un vicio de nulidade radical» y acredita que «o acordo plenario de referencia non foi precedido de informe nin de tramitación oportuna», sino que se limitó a «unha proposta de convenio redactada polo arquitecto e achegada polo Arcebispado de Santiago de Compostela». También sostiene el Consello Consultivo que esa falta de tramitación no puede ser sustituida por las actuaciones administrativas llevadas a cabo para el primer convenio, el del 2001, ya que son dos procedimientos diferentes.

El Arzobispado cedió en su día 3.740 metros cuadrados para la construcción de la infraestructura municipal y, a cambio, desde el Concello recalificarían los más de 3.600 restantes de la parcela en solares. Tramitada la recalificación autorizada por la Xunta, la Iglesia pidió 1.000 metros más y el ejecutivo accedió firmando el convenio del 2002. «Tal como sosteñen os informes xurídicos, resulta inaudito que un Concello garanta cun aval bancario o cumprimento do convenio; e legalmente non se poden recalificar máis terreos dos xa recalificados: arredor de 3.000 metros cadrados», sostiene la actual regidora, Margarita Lamela.

La alcaldesa, que carga contra la oposición por su actitud durante este procedimiento, asegura que solicitará al Arzobispado la devolución de los 153.00 euros para poner fin a un procedimiento que, dice, ha salido caro para las arcas municipales pues, además del dinero adeudado por el aval, se vienen pagando «arredor de 3.000 euros» cada año por gastos derivados de la renovación del convenio.