El secretario del Concello de Fisterra ha sido condenado a dos años y medio de prisión

Además estará inhabilitado durante otros tres años y deberá indemnizar al Ayuntamiento


Carballo / La Voz

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña hizo ayer pública la condena del secretario del Concello de Fisterra, José Ramón Lema, por el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido como funcionario en concurrencia con otro de malversación de caudales públicos, tal y como lo había declarado el jurado del juicio celebrado los días 9, 13, 14 y 15 de enero último. La audiencia le impone dos años y medio de prisión, además de la inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo relacionado con la función que venía ejerciendo, así como cualquier otra que tenga como fin el manejo de caudales de las Administraciones. Además, tendrá que pagar una multa de diez meses con una cuota diaria de siete euros, así como abonar las costas. Al mismo tiempo tendrá que indemnizar al Concello de Fisterra con la cantidad de 23.690 euros, pues los 6.788 euros restantes ya los había consignado el acusado en el 2018. Habrá, asimismo, de abonar los intereses desde la personación del Ayuntamiento fisterrán en la causa hasta que se dictó sentencia.

No obstante todo ello, la Audiencia aceptó parcialmente las alegaciones de la defensa en cuanto a las atenuantes de dilaciones indebidas y la analógica de reparación en parte del daño causado con la consignación de los 6.788 euros. A pesar de la condena, Jose Ramón Lema podrá permanecer en libertad en tanto la sentencia no sea firme, pues tiene un plazo de diez días para recurrirla ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En el juicio, el Concello de Fisterra actuó acusación particular. El jurado consideró probado que en los años 2011 y 2012, el secretario del Concello de Fisterra «concibió la idea de detraer dinero de las arcas municipales». Lo hizo, según se expone en el fallo, «aprovechando las facultades de disposición inherentes a su cargo», en el que llevaba desde 1983.

Señala la magistrada María Teresa Cortizas en el fallo que el ahora condenado «manipuló y alteró sus propias nóminas y las órdenes de pago» después de haberlas presentado a la firma del alcalde, «sustituyendo las fechas», «utilizando órdenes bancarias de otras mensualidades» y modificándolas «en sus conceptos, importe o fechas o insertando anotaciones manuscritas». Se indica en la sentencia que «incluía anotaciones como ‘‘nómina’’, ‘‘compensación vacaciones’’, ‘‘gratificaciones’’ y ‘‘anticipos’’».

Dice la jueza que él era conocedor de que estos conceptos «no le correspondían o no constaba la incoación y resolución del expediente» correspondiente.

El acusado sostuvo que le habían prometido que sería compensado

En el juicio, José Ramón Lema sostuvo que durante los años de servicio desempeñó su cargo más allá de «su jornada laboral oficial y no disfrutó de sus períodos de vacacionales, sin percibir contraprestación económica alguna», según se puede leer en la sentencia. Asimismo se hizo constar que en conversación mantenida con el alcalde se «convino en que sería compensado económicamente con efectos retroactivos cuando la situación económica» así lo permitiese y se hubiesen saneado las arcas municipales.

La bonanza económica llegó, pero no se llevaron a cabo los expedientes relativos a la normalización de su situación. Por ello, el tribunal hallo que «las alteraciones de los documentos fueron realizados de forma grosera y burda», lo que «era perfectamente apreciable por cualquiera», incluidos los empleados del BBVA que gestionaban la cuenta municipal entre enero del 2011 y diciembre del 2012.

Parte del dinero, José Ramón lo detrajo como anticipo. Aun así se excedió, pues no podía pasar de dos mensualidades anuales y él percibió tres. Además, ni siquiera los solicitó y, en cualquier caso, hay que devolverlos antes de los 14 meses y él tardó seis años en consignar los 6.788 euros.

En todo este embrollo hay más cuestiones, como que los descuentos para el IRPF no se ajustaban a lo que figuraba. Al mismo tiempo, los cobros se hicieron sin la previa autorización del alcalde previa aprobación en los presupuestos.

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