Los faros y los polígonos esperan un impulso con el nuevo Gobierno

Proyectos importantes dependen de que active Costas, SEA o la Autoridad Portuaria


Cee / La Voz

La investidura de Pedro Sánchez y la constitución de un nuevo Gobierno en Madrid debería desbloquear proyectos que son muy importantes para la zona. Abre una etapa de esperanza para algunos asuntos que llevan mucho meses, incluso años, paralizados, pero a la vez cierra también el tiempo de las disculpas, porque la falta de Ejecutivo era el comodín al que recurrían alcaldes y otros responsables políticos para justificar por que no salían adelante unos u otros proyectos.

En lo económico la iniciativa más relevante es la del polígono industrial de Ponteceso, porque que el SEPES tiene comprometida una inversión de más de cinco millones de euros que ahora debería hacerse realidad. Pero en este mismo sector, la rebaja del precio del metro cuadrado en los parques que dependen de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) también está supeditada, como dijo su gerente, Beatriz Sestayo, a la renovación de los órganos de los que depende la entidad.

No a ese nivel, pero sí a uno mucho más simbólico e igualmente relevante a nivel de promoción turística, destaca la situación de los faros, particularmente del de Fisterra, que dependen de la Autoridad Portuaria y en última instancia de Puertos del Estado o, lo que es lo mismo, el Ministerio de Fomento, en el que parece que va a repetir José Luis Ábalos. El Concello fisterrán ya tiene preparada la memoria que quieren entregar en cuanto tengan interlocutor «con capacidade decisiva». Pasa por hacerse cargo del edificio en su conjunto y que tenga un doble uso turístico y cultural, tanto para la recepción e información de visitantes como para espacio expositivo y de divulgación patrimonial.

Y no es el único caso. El proyecto de Porto Muíños para la Lobeira o el futuro de Touriñán, en estos momentos infrautilizados ambos, también dependen de Puertos del Estado.

Respecto a la Demarcación de Costas hay actuaciones menores que siguen su curso, como puede ser la unión de los paseos marítimos de Cee y Corcubión. Sin embargo, iniciativas de mucho mayor calado, como la pretendida por la alcaldesa de Cee para conectar con una senda hasta O Ézaro, también está supeditada a que se constituyan los nuevos órganos de Gobierno.

Industria

Las posibilidades de reconversión de la actividad en las centrales térmicas abocadas al cierre -aquí particularmente la de Naturgy en Meirama- podrían encontrar un nuevo camino si se lleva a cabo lo firmado por el PSOE y el BNG relativo a incluir Galicia en la Plataforma Europea de Regiones Mineras en Transición. En cualquier caso, cualquier medida que se pueda adoptar en este sentido tiene que pasar necesariamente por el Gobierno de Madrid.

También está en sus manos, aunque se trate de un asunto que ha desaparecido de la agenda política y social, el futuro, si es que lo tiene porque todo parece indicar lo contrario del helipuerto de Salvamento Marítimo de Lires (Cee), bien a través de las reformas necesarias para hacerlo operativo o asumiendo de una vez que se trató de un despropósito y buscándole una nueva ubicación.

Igualmente se supone que el Gobierno le va a imprimir un giro social a sus políticas lo que debería verse reflejado en otro asunto capital para la comarca, las ayudas a la dependencia que, como denuncia el PP, paga en su 75 % la Xunta y el Estado solo el 25.

Llega la hora de la verdad para las electrointensivas como Ferroatlántica

La viabilidad a medio plazo de la actividad de Ferroatlántica en la Costa da Morte pasa por la aprobación del más que anunciado estatuto del consumidor electointensivo con condiciones especiales para estas industrias en el precio de la energía. Si el Gobierno ya lleva meses comprometiéndolo ahora lo ha reflejado por escrito en su acuerdo con el BNG, que además le pone fecha a la adopción de medidas. «Antes del 21 de marzo de 2020, se constituirá una mesa tripartita permanente (en la que participarán los sindicatos más representativos en Galicia) para evaluar la evolución de costes, la incidencia de peajes y cargos de la factura eléctrica, las mejoras de eficiencia, la evolución de la demanda y oferta en mercados internacionales, las mejoras en innovación, y la incidencia en el número y calidad de los empleos en la industria electrointensiva», refleja el texto en el que se dice que este estatuto debe ser «aprobado coa máxima urgencia» teniendo en cuenta los siguientes factores: «Con carácter general, deberá liberar la factura de cargos que no tengan relación directa con el funcionamiento del sistema eléctrico y que, en cualquier caso, no serán imputados a la tarifa que pagan el resto de los consumidores. Además, adoptar medidas orientadas a reducir la factura energética de la industria electrointensiva (avalando con instrumentos de garantía pública la contratación bilateral de energía y manteniendo la cobertura de costes indirectos de C02)». Frente a ello se le exigirá «a las empresas que se acojan al estatuto un esfuerzo en inversiones y mejoras en los procesos productivos que reduzca el impacto ambiental y garantice mantener y ampliar el empleo directo», con lo cual de llevarse adelante el acuerdo de manera estricta incluso puede suponer una oportunidad para el empleo y la actividad industrial en la comarca. Para ello se contempla también que «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las industrias electrointensivas tendrán la máxima compensación permitida por la UE, por costes de emisiones indirectas de dióxido de carbono, para competir con industrias similares instaladas en otros lugares del mundo donde no se limitan estas emisiones».

Ahora bien todo esto por el momento son solo compromisos y hay que ver la manera en que se articulan para calibrar su impacto sobre una industria importante para la comarca.

Los alcaldes esperan con ansia la flexibilización o la anulación de la regla de gasto

Una de las medidas incluidas en el pacto del PSOE con Unidas Podemos es la derogación o reforma de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como Ley Montoro, por el ministro de Hacienda que la impulsó. Esto supondría, al margen de movilizar los remanentes acumulados que los Concellos podrían empezar a invertir de manera más libre y no solo en actuaciones marcadas, la flexibilización o anulación de la regla de gasto, que como explicaban esta pasada semana, entre otras las alcaldesas de Vimianzo, Camariñas y Cee resulta también de vital importancia, por ejemplo en cuanto a contratación. «Non se entende que tendo superávit non poidas contratar ou que os veciños teñan que seguir accedendo ás súas casas por unha pista en mal estado», ejemplifica la regidora camariñana, Sandra Insua.

En cualquier caso, todos están a la expectativa de ver cómo se articula la reforma y qué calado real tiene.

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