El fin de la «ley Montoro» movilizaría 28,6 millones para inversiones locales

Los alcaldes celebran que se puedan flexibilizar las restricciones a los concellos

t. longueira
cee, carballo / la voz

Uno de los compromisos del pacto de Gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos es la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida popularmente como «ley Montoro», tan criticada por algunos alcaldes de la zona por el encorsetamiento económico al que somete a los ayuntamientos. Una normativa que en algunos casos sirvió para que los municipios pagasen sus cuantiosas deudas y se pusiesen al día pero en otros, los más cumplidores, generó absurdos como que algún Concello, caso del de Zas, tenga más dinero en el banco que presupuesto anual.

En conjunto, y dependiendo de como se fijen realmente las condiciones, las Administraciones locales de la comarca verían liberalizados para inversiones 28,6 millones de euros. De ahí que ayer los regidores de la zona consultados, aún con todas las reservas de ver como se articula el cambio legal, celebrasen este aspecto del acuerdo. «É unha maneira de xustiza ante algo inmoral», señala el alcalde zasense, Manuel Muíño, con 4,2 millones de euros en las cuentas y sujeto a un plan económico financiero para este 2020.

Su colega muxián, Iago Toba, que aún no acaba de creérselo del todo, desea que «oxalá sexa así» porque «na lóxica do veciño non entra que teñamos cartos nas contas e non poidamos gastalos», dado el gran número de necesidades.

A otros, como el corcubionés Manuel Insua, les influye menos porque cumplieron «relixiosamente a regra de gasto» y fueron invirtiendo los cerca de 400.000 euros de remanente en obras sostenibles algunas de ellas aún por ejecutar. Es lo mismo que hizo Dumbría, como explica su alcalde, José Manuel Pequeño, para quien el verdadero problema es no recibir más fondos «porque as necesidades son tantas que sempre hai en gastalos». Incluso los que, como la camariñana Sandra Insua, aprovecharon estos años para reducir deuda y tienen poco remanente, consideran vital la eliminación de la regla de gasto para poder gestionar el Concello.

Para el fisterrán José Marcote la ley sirvió para «tapar furados que eran de outros» y considera que ahora será «máis doado traballar». El alcalde de Cerceda, el socialista José García Liñares, calificó la medida de relevante: «Paréceme moi ben que cada concello invista o seu superávit orzamentario no que estime oportuno, sempre que sexa en beneficio dos veciños». Según él, la iniciativa de Montoro sirvió, de alguna forma, para criminalizar, los números rojos de las Administraciones locales: «Para tapar o déficit das autonomías e do propio Estado optouse no seu momento por facer unha purga aos concellos, dos cales só tres tiñan un déficit importante».

De la misma opinión es el regidor, también socialista, de Ponteceso, Lois García: «A medida proposta polo Goberno en funcións supón na práctica unha necesidade para os concellos no seu interese en dotar de mellores e novos servizos aos veciños». Y añadió: «Dende a crise económica temos prazas vacantes de funcionarios e moitos dos servizos requiren de persoal municipal. Polo que sempre que se cumpra con equilibrio orzamentario estou a favor de poder levar a cabo eses investimentos, porque somos a Administración máis próxima aos veciños e temos que dar unha resposta rápida as súas demandas».

No solo los regidores socialistas están de acuerdo. También los populares. «O investimento está moi limitado e a proposta supón darlle aos concellos a posibilidade de facer fronte a novas obras e servizos. Iso si, tampouco se trata de gastar por gastar, hai que facelo con sentidiño e evitar, como sucedeu no seu momento en Laxe, niveles importantes de endebedamento», esgrimió el laxense José Luis Pérez Añón.

El larachés José Manuel López Varela incidió en que se trata de una iniciativa «que se leva moito tempo reclamando dende a Femp». Y añadió: «Se un concello está saneado e non ten débedas, como é o caso da Laracha, por que non pode investir o remanente que xera cada ano? Sobre todo cando eses investimentos son en favor do benestar dos veciños». El alcalde de Cabana, José Muíño, también se mostró partidario. Dejó claro que Montoro pretendía en su momento cortar la sangría de números rojos forjada en plena crisis, pero ahora el escenario económico, según él, ha cambiado. En todo caso, recalcó que, en Cabana, «nunca houbo un impedimento legal, xurídico ou económico para afrontar obras e outros investimentos con cargo aos remanentes orzamentarios».

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