La forma en la que se están sucediendo los acontecimientos con respecto a este nuevo intento de venta por parte de Ferroatlántica apuntan claramente en que todo va a acabar de nuevo en los tribunales. A no ser que vaya ganando adeptos la postura de la CGT, que, de manera más o menos clara, se muestra favorable a la venta como mal menor, a los trabajadores sigue sin convencerles la operación. De hecho, los de la CIG ya anunciaron que estudiarán las medidas legales a adoptar.
En principio, a Ferroatlántica, o a Ferroglobe como multinacional al frente, nada le impide vender algo que es suyo: unas fábricas y unas concesiones públicas, con lo que, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, ni siquiera tendría razones para consultarle a los trabajadores. Y ahí está la clave de la cuestión: determinar si lo que realmente está haciendo la compañía, participada mayoritariamente por el Grupo Villar Mir, vende o simplemente hace caja para salvar su agónica situación económica gracias a los activos hidroeléctricos de la Costa da Morte. Los trabajadores, al menos la mayoría del comité, entienden que lo segundo, puesto que todo: compras, ventas e incluso gestión de la actividad sigue en manos de Ferroglobe. Únicamente llega un grupo inversor, además especializado en energía, no en ferroaleaciones, que aporta unos fondos y pasa a controlar las centrales. El hecho de que no tenga intención de retirar el recurso judicial contra la prohibición de segregación del 2017 es para ellos la prueba definitiva de que las intenciones siguen siendo las mismas.