Las electrointensivas exigen en Brens una tarifa eléctrica propia

Trabajadores de Alcoa se sumaron a los de Ferroatlántica


cee / la voz

Al grito de «¡enerxía, solución!», algo mas de un centenar de trabajadores de Ferroatlántica de Cee y Dumbría, acompañados por representantes de otras fábricas como la de Alcoa en A Coruña, se concentraron ayer a mediodía delante de la factoría de Brens, para exigir una tarifa eléctrica propia para la industria electrointensiva y exigir tanto al Gobierno central como al autonómico que tomen medidas para parar la sangría laboral que está sufriendo el sector. Concentración que se repetirá el próximo 28 de marzo en Sabón (Arteixo), dentro de un ciclo convocado por la CIG que pretende llegar a las principales fábricas de este tipo de Galicia.

La manifestación sirvió también para evidenciar la indignación de los trabajadores de Ferroatlántica, a los que ayer se les empezó a aplicar el ERTE, mientras solo 24 horas después de firmado en la factoría de Santander se ponían en marcha los cinco hornos de los que depende.

Desde el sindicato exigieron al Gobierno y a la Xunta que actúen ante una situación «tráxica, agónica», en la que se están utilizando las fábricas «para pagar un emporio da especulación inmobiliaria», por parte de Villar Mir.

Xosé Luís Rivas, del BNG, señaló que «o goberno galego ten que gobernar para a maioría da poboación non para catro mangantes», porque la situación de Ferroatlántica «é sangrante».

Industria promete una rebaja del 10 o el 15% en la energía

El comité de empresa se reunió ayer, de la mano de los socialistas Ricardo García Mira, Loli Toja y Margarita Lamela, con el director general de Industria, Galo Gutiérrez. Toja adelantó que el decreto ya redactado por el Gobierno supone entre un 10 y un 15 % de reducción del precio de la electricidad, por lo que pide a la Xunta que le exija a la empresa el cumplimiento de las inversiones.

Inspección de Trabajo y ministerio se pronunciarán sobre la legalidad del ERTE aplicado

La reunión del jueves en Madrid con la Inspección de Trabajo sirvió para que el organismo recopilase toda la información presentada por la CIG y sobre la que ahora debe emitir un informe para responder a dos preguntas básicas: si la mesa de negociación estuvo legalmente constituida y si existen causas objetivas para la aplicación de un ERTE en las fábricas gallegas de Ferroatlántica, que es lo que rechaza el sindicato nacionalista, único que no firmó ese expediente.

Ese informe irá dirigido al Ministerio de Trabajo que, a su vez, también debe pronunciarse sobre estos particulares, antes de un más que previsible recurso a los tribunales.

Para el sindicato, el hecho de que la factoría de Santander se haya puesto al 100 % inmediatamente, cuando produce los mismos derivados del manganeso que Cee, es la prueba evidente de que no son causas de mercado, del precio de la materia prima y la energía las que motivan la regulación, sino un castigo a las factorías gallegas por la prohibición de venta de las centrales.

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