Un sistema fiscal óptimo y justo no debería incidir, influir o ser culpable de distorsionar la economía, sino más bien una herramienta útil para contribuir a su estabilidad, planteando y afianzando la seguridad jurídica y su sostenibilidad a largo plazo.
En las jornadas sobre fiscalidad y contabilidad del Colegio de Economistas de A Coruña (febrero 2017), en una ponencia que llevaba por título La crisis de la presunción de validez de los actos tributarios, de Javier Gómez Taboada, se hacía referencia a las grietas que presentaba nuestro sistema tributario, tomando como base la memoria del año 2014 del TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central). Afirmaba que, estadísticamente, el modelo hace aguas. La AEAT (Agencia Tributaria) pierde en los TEA (Tribunales Económico Administrativos) el 45 % de sus pleitos; las comunidades autónomas, una media del 64 %; la ATRIGA (Axencia Tributaria de Galicia), de reciente creación y que sustituye a la Dirección General de Tributos de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, hasta el 85 %. Finalmente, en la vía judicial las AA. TT., pierden alrededor de un 30 % de los pleitos. Solo en Galicia, en el año 2016 se han presentado más de 16.000 reclamaciones.
Puesto 25 de las 35 potencias englobadas en la OCDE
En un informe divulgado en España en julio de 2017 por El Foro de Regulación Inteligente y Tax Foundation, se afirma que el sistema fiscal español se encuentra entre los peores de los países desarrollados. Concretamente, se encuentra en el puesto 28 de un ránking de las 35 potencias englobadas en la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Para llegar a esta conclusión, el índice ha analizado más de 40 variables, que no solo miden el esfuerzo que exigen los tipos aplicados, sino también la estructura de los gravámenes vigentes en todos los impuestos. El Secretario General de GESTHA (Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda) afirmaba en 2012 que los tres principales problemas o defectos de nuestro sistema tributario eran: la falta de progresividad, la escasa igualdad y, en demasiadas ocasiones, las normas injustas.
El pasado el 18 de mayo de 2018, treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, reunidos en Granada han impulsado la denominada «Declaración de Granada» reivindicando el fortalecimiento de una Hacienda Pública única. Este grupo de expertos ha realizado una crítica en relación con el trato que la administración tributaria da al ciudadano, afirmando que no se respeta el principio de igualdad, asegurando que se ha producido una quiebra también del principio de solidaridad y de la seguridad jurídica. Según los firmantes de la declaración, se ha generado un preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica, en buena parte debido al abandono de los conceptos dogmáticos sobre los que se asentó el nacimiento de nuestro derecho tributario y su sustitución por otros cuyos perfiles distan de tener la precisión suficiente como para hacerlos compatibles con un mínimo de seguridad jurídica.
El abuso del real decreto ley
En relación con la quiebra del principio de legalidad, los firmantes del documento hacen referencia a los abusos del real decreto ley, concluyendo que esto puede significar un ataque al principio de legalidad, sobre todo porque se hurta al Parlamento, único depositario de la soberanía nacional, la posibilidad de disponer sobre los institutos básicos de nuestro ordenamiento tributario-financiero que, precisamente por serlo, deben ser regulados mediante una ley formal. Dicho de otro modo, con el abuso del RDL se alejan las fuentes del derecho de los ciudadanos o, mejor dicho, de sus representantes legítimos.
Respecto al principio de igualdad, entienden que todos los españoles deben tributar, de modo similar en cualquier territorio, enfatizan que existe un tratamiento desigual conferido a todo los ciudadanos españoles atendiendo al origen de sus rentas, dándose diferencias o discriminaciones en la imposición directa por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país.
Aparentemente y a la vista de los hechos, se podría afirmar que la gran asignatura pendiente en materia tributaria de nuestro país sigue siendo una reforma fiscal adecuada a los tiempos actuales, caracterizados por una fuerte caída de la recaudación fiscal derivada del estancamiento de su economía y del ajuste económico realizado en los últimos años para proteger al capital financiero frente a la actividad productiva o economía real. La última controversia suscitada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IAJD que gravan la constitución de las hipotecas, tal vez, pueda ser un ejemplo y una llamada de atención, sobre todo ello.