Pichurri tendrá que estar cuatro años sin ejercer cargo público por un delito de prevaricación administrativa
18 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Algo más de un año después de que el Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña condenara al alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, a cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, acaba de conocerse la resolución a la apelación interpuesta por el regidor, ratificando la Audiencia Provincial el contenido íntegro de la sentencia dictada con fecha 4 de abril de 2017, incluida la inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años.
Según la sentencia, el regidor contrató a una persona que había formado parte de su partido (PSOE), para que trabajase en el Concello de manera ilegal, sin haberse convocado el proceso selectivo de rigor. «Concurren todos y cada uno de los elementos del tipo por el que se condena a Manuel Valeriano Alonso», dicta el texto, y añade, en referencia a los tres decretos de alcaldía firmados por el regidor entre mayo y diciembre de 2012: «Son plena y claramente contrarios a la legalidad vigente, omitiéndose [...] normas del procedimiento de contratación y la necesidad de justificar previamente la urgencia y necesidad del contrato, siendo los defectos reseñados por la Interventora y Secretaría municipal graves. [...] El contenido de la resolución era materialmente injusto, pues no se abría un proceso de selección sujeto a los principios de mérito y capacidad, privando a terceros a acceder a un cargo». Contra la resolución, en la que se acuerda no imponer las costas procesales, no cabe recurso ordinario alguno.
«Non teño constancia de nada, estou á espera do que me diga o meu avogado, que aínda non me comunicou nada», asegura Manuel Valeriano Alonso, que dice sentirse «moi tranquilo» y mantener el cariño de los vecinos, demostrado públicamente en su día en una concurrida manifestación de apoyo frente a las puertas del consistorio camariñán.
Manteniéndose firme en el desconocimiento de la resolución dictada por la Audiencia Provincial (firmada el 18 de junio de este año, hace justamente dos meses), el alcalde asegura que seguirá lo recomendado por su abogado y que agotarán las vías legales: «Non opinarei do tema ata que o meu avogado me comunique o que hai, pero nese momento actuaremos en consecuencia».
Sostiene el regidor lo expresado hace algo más de un año: que obró de la forma que consideró más justa y rápida para dar solución a «un problema que tiñan os veciños de Camariñas, non para levarme cartos para a casa nin para facer rico a ningún compañeiro», y que la obligación de un alcalde es «resolver» los problemas de sus vecinos.
Para el regidor, sin embargo, hay un trasfondo político claro en su condena. Habla de persecución política: «Sigo sen entender que se me condene porque [o traballador en cuestión] fose no seu momento militante do partido socialista ou porque viñera comigo nas listas ?que no momento de ser contratado xa non viña, xa que se trataba doutro mandato? porque entón esta sería unha sentencia de tipo político», sostiene el alcalde, que en su día anunció que tomaría las medidas necesarias, llegado el momento. «O que pense que me gusta o poder está equivocado. Non teño problema en dimitir cando teña que dimitir», decía.