La anulación del plan urbanístico trae un futuro incierto para Muxía

El gobierno local relativiza las consecuencias y la oposición advierte de su gravedad

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cee / la voz

Las consecuencias que van a suponer para Muxía que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya anulado su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), merced a una denuncia particular por una propiedad de Morpeguite, están aún por calibrar y dependen mucho de que a quién se le pregunte. Si para el gobierno municipal los efectos, en el peor de los casos, supone volver a los normas subsidiarias; desde los grupos de la oposición advierten de consecuencias verdaderamente graves e incluso se ofrecen ya para organizar foros informativos para los vecinos en caso de que el gobierno lo haga antes por iniciativa propia.

El concejal de Urbanismo de Muxía, Samuel Lago Ozón, se mostraba confiado en el éxito de un posible recurso, porque entiende que en todo momento «se cumpriu coa lei», y más desde el Concello, porque siguieron las indicaciones de la Xunta. Sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente ya ha anunciado que no habrá tal recurso, porque con la legislación actual carece de sentido acudir en casación al Supremo por este asunto.

Lago resalta que, en cualquier caso, las licencias otorgadas en este período son válidas, que por lo tanto «non existe inseguridade xurídica» ni siquiera para las dos casas de Quintáns que estaban en riesgo de derribo antes del PXOM y que, en caso de que este quede anulado, las normas subsidiarias anteriores aún permiten regular la actividad porque «a demanda construtiva non é moi elevada».

«Xa avisei no pleno no seu día de que se alguén recorría aos tribunais isto podía ter consecuencias moi graves para o Concello porque volver as normas do 95 supón a paralización absoluta», advierte el concejal del BNG, Carlos Fernández Concheiro, arquitecto de profesión, quien lleva años reclamando un plan general nuevo. «Dende que entrou Félix [Porto, el alcalde] estivemos pedíndoo con mocións, preguntas... Non quixo facelo porque non dá réditos electorais e acabou presentando un que era tal cal o do PP, menos aquel pelotazo urbanístico que era incrible. Incluso querían facelo sen exposición pública. Aínda menos mal que a Xunta recuou», señala el edil.

Para la portavoz del PP, Sandra Vilela, se trata de «unha malísima noticia», al margen de las costas, que el gobierno local solo trata de ocultarle a los vecinos «porque unicamente quedan 10 meses para as eleccións», pero que va a ser imposible de tapar, porque las consecuencias resultan «evidentes» a su juicio. «Hai que pensar no custe económico que vai ter redactar outro PXOM e non só iso, senón que as normas, en xeral, son moitos máis restritivas, por exemplo coa edificabilidade nos núcleos rurais», dice Vilela, a quien, según destaca, le hierve el teléfono con preguntas a este respecto, incluso de gente que compró fincas urbanizables que ahora dejarían de serlo. Por eso dice, que si «nun par de semanas» el gobierno no articula medios de información a los vecinos, lo harán desde el propio Partido Popular.

La precariedad regulatoria es más la norma que la excepción en la Costa da Morte

La anulación del PXOM de Muxía, que a la vista de los hechos parece más que evidente, supone retrotraerse a unas normas subsidiarias de mediados de los 90 y a que la localidad se sitúe en la misma situación en la que están prácticamente la mitad de los municipios de la Costa da Morte. Es decir, con una regulación urbanística precaria, que tiene implicaciones negativas en cuanto a regulación y protección del territorio y también de desarrollo social y económico.

Aunque en el Concello aún alberguen esperanzas sobre una vía intermedia, que por ejemplo podría suponer la realización del trámite ambiental que no se hizo en su día y por el que el TSXG ha tumbado el plan, todo parece indicar que tendrá que ir a una redacción completa desde cero. Esto significa varios cientos de miles de euros y sujetarse a unas normas que hoy son más que restrictivas para una localidad que pierde población a pasos agigantados en un territorio lleno de medidas de protección ambiental.

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