Es posible que sea el signo de los tiempos que vivimos, pero, con gran frecuencia, desde hace unos años los conflictos políticos, o los actos realizados en el ejercicio de la acción política, terminan finalmente debatiéndose en los juzgados.
Sin embargo, esta tendencia general es también claramente perceptible en la política que tenemos más próxima a nosotros, y que no es otra que la que se realiza en los concellos, de tal forma que procedimientos judiciales de toda índole aparecen unas veces vinculados directamente a distintos alcaldes y otros cargos municipales y, otras veces, a reclamaciones de los vecinos contra decisiones de los propios concellos. Pero también es verdad que la tramitación judicial de algunos de esos procesos se prolonga tanto en el tiempo que, al final, terminamos perdiendo la noción de cuál era el conflicto en cuestión.
Pero debemos reconocer que no es un buen síntoma de calidad democrática, ni del funcionamiento de la administración local, esta inflación de denuncias, querellas y demandas. Y no lo es, porque aunque no podemos cuestionar el derecho a la defensa de nuestros derechos por todos los medios legítimos, no deja de sorprender tal acumulación de procedimientos cuando, además, un número significativo terminan finalmente sin consecuencia alguna para los previamente denunciados o acusados.
Dos supuestos
Siendo ese el fondo de la cuestión, en el análisis deberíamos distinguir dos supuestos totalmente diferentes. De una parte, los que tienen un origen netamente político. En estos casos podemos llegar a pensar que los propios grupos políticos terminan recurriendo a la intervención judicial como un medio de presión más sobre sus rivales, bien para debilitarlos o bien para conseguir un cierto protagonismo, que por la vía estrictamente de su propia acción política se ven incapaces de conseguir.
Sin embargo, otro supuesto distinto al anterior tiene relación con el elevadísimo número de procesos judiciales iniciados por los vecinos, y también por los funcionarios y demás trabajadores de los concellos, al impugnar decisiones administrativas adoptadas por los gobiernos municipales. Y debe remarcarse que un número significativo de estos conflictos terminan con resoluciones favorables a los demandantes con el consiguiente coste ya no sólo de imagen, sino también económico, para las propias corporaciones locales.
La conclusión de este análisis es que algo falla en la calidad de la administración y en el funcionamiento democrático de nuestros concellos. En unos casos es posible que la causa sea la falta de personal funcionario cualificado, y en otros lo sean las decisiones personales de los gobernantes haciendo caso omiso de las advertencias de ilegalidad de esos mismos funcionarios. Sin embargo, una exigencia democrática mínima debería llevarnos a castigar a aquellos políticos que consideran su concello como un cortijo propio, en el que mandan con total autoridad despreciando las más elementales normas que han de regir el ejercicio prudente y honesto del poder.