La pobreza energética que nos embarga


Uno, por los muchos años que lleva a cuestas, recuerda ahora en el ocaso de su vida los engaños que unos y otros políticos a quienes el pueblo les dio su confianza cometen cuando llegan al poder. Cualquiera que tenga años y memoria recordará lo que se publicaba en los medios con respecto a la expropiación de las tierras donde se iba a construir un embalse. Nos decían que la obra encerraba un fin social, que los gallegos íbamos a salir muy beneficiados y bla, bla, bla. Ourense fue la provincia donde más incidieron las expropiaciones. Las mejoras vegas fueron inundadas pese a la oposición de los pueblos, pues aunque se pagaba la ocupación de los terrenos, la propiedad no quería deshacerse de ellos.

Las empresas, y ahí tenemos el engaño, se aprovecharon de la connivencia con el gobierno del caudillo, y dado el carácter social que decían abrigaban las obras, conseguían de este modo lo que pretendían. Hoy en día, aquellas sociedades que se lucraron de las concesiones, entre ellas Fenosa, vendieron el negocio a firmas alemanas, italianas y catalanas, dejándonos a los consumidores expuestos a la voracidad de estos tiburones que nos facturan el kilovatio al precio que les da la gana. Pero, ojo, no nos engañemos, cuanto más suba la energía, más gana el Gobierno con los impuestos. Por eso hace «mutis por el foro». El fin social de aquellas ocupaciones se ha convertido en un sustancioso negocio para unas empresas foráneas a las que poco les importa que más de seis millones de españoles, entre ellos muchos gallegos, estén condenados a sufrir una pobreza eléctrica que nunca habían conocido. Un Gobierno que procure el bienestar de su pueblo tiene la obligación de involucrarse en ello. Debe empeñarse en que las familias no sufran las calamidades como las que están sufriendo ahora mismo muchos españoles. En una palabra: hay que interesarse algo más por el bienestar de los ciudadanos y no estar pensando en la placidez de las sillas giratorias.

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