Una nueva ley y el rechazo de la Xunta podrían finiquitar el proyecto
08 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños ha anunciado que solicitará a Economía que inicie el procedimiento de caducidad de los derechos minero de Edgewater sobre los montes cabaneses. Alternativa de Esquerda ya lo ha hecho, ayer mismo mediante una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia.
Las dos agrupaciones esgrimen la ley 12/2014 de medidas fiscales y administrativas de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad para este año. La normativa publicada en el Diario Oficial de Galicia el 30 de diciembre, establece para la legislación relativa a las minas, de 1973, que la denegación de la autorización de la explotación, «por calqueira das causas legais», determinará la caducidad de los derechos mineros correspondientes.
El 11 de marzo, el director xeral de Enerxía e Minas, dictó una resolución en la que denegaba la aprobación del proyecto. El documento ponía por escrito lo que ya había adelantado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en el Parlamento a mediados de octubre.
Sin embargo, para que los derechos mineros caduquen es necesario que la Consellería de Economía vuelva a tomar la iniciativa e incoe el procedimiento. Lo que, en principio puede hacer en cualquier momento, porque la ley tiene carácter retroactivo.
La empresa afectada todavía no ha manifestado su postura ante este nuevo revés a sus intenciones de extraer el oro de los montes de Cabana. Ante el rechazo de la Xunta, centrado en la falta de dinero suficiente para el aval, la compañía entabló negociaciones con la constructora Sacyr Vallehermoso, con la que comenzó a negociar a finales del 2013, aunque la negativa de la Xunta a autorizar la actividad podría haber dado al traste con la idea de colaboración. A pesar de todo, la empresa mantiene que sigue vigente la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada a mediados de diciembre del 2012, al que se presentaron 65 alegaciones. El documento estaría vigente hasta finales del 2017, motivo por el que la empresa inició la redacción de otro proyecto que cumpliera las expectativas de la Xunta.
Ahora lo que está en riesgo son los derechos de concesión que todavía tienen pendiente una vigencia de medio siglo, por lo que, si la Consellería de Economía no actúa, se mantendrán hasta el 2064.