Una póliza blinda a los imputados de la Casa da Cultura

El Concello de Vimianzo firmó en el 2006 un contrato para que Mapfre haga frente a las responsabilidades civiles

Los ediles del PP, Carmen Borbujo y Juan Amado, durante un polémico pleno por este asunto.
Los ediles del PP, Carmen Borbujo y Juan Amado, durante un polémico pleno por este asunto.

cee / la voz

El Concello de Vimianzo firmó en junio del 2006, tres meses después de que se adjudicasen las obras de la Casa da Cultura, una póliza de responsabilidad civil con la compañía Mapfre que, entre otras cuestiones, da cobertura a las irregularidades cometidas por los concejales y los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Concretamente, dice el contrato, remitido por el Ayuntamiento al juez de Corcubión que instruye la causa penal por este asunto, que quedan cubiertas las «acciones u omisiones incluso culposas o negligentes del alcalde, concejales, técnicos, agentes, funcionarios, empleados fijos o contratados y, en especial, todas las personas por las que se deba responder legalmente siempre y cuando dichas acciones y omisiones tengan lugar en el ejercicio de la función municipal de las personas citadas y estas no se encuentren sancionadas o inhabilitadas para la práctica de las mismas».

En resumen, de darse el caso que el exalcalde, los cuatro concejales y el arquitecto municipal tuviesen que pagar alguna cantidad por las obras que se hicieron demás sin la autorización debida en la Casa da Cultura sería Mapfre la correría con esos gastos.

Una factura que todavía está por ver si existirá porque la causa todavía tiene que ir a juicio, si así lo reclaman la Fiscalía o la acusación particular que ostenta el Concello y lo acepta el instructor, cuestión esta última que parece clara, dado que el juez Iván Barallobre ha formulado más imputaciones incluso de las reclamadas por el ministerio público.

La cantidad en juego supera los 700.000 euros, que es lo que el Ayuntamiento ya le ha tenido que pagar a la empresa Manuel Rodríguez Lema, después de pedir el crédito al que se vio obligado cuando el juzgado de lo contencioso reconoció el derecho del constructor a cobrar.

La póliza contratada por el Ayuntamiento el 10 de junio del 2006, con un coste anual de 14.975 euros a pagar en dos plazos, estaba vigente hasta el 9 de junio del 2007, con lo que la modificación del proyecto, con fecha del 27 de enero, como la asunción del arquitecto de que se realizaron obras de más, el 4 de junio, estarían dentro del período cubierto por el citado seguro.

Lo que sin embargo no está tan definido, al menos no se especifica en el documento remitido al juzgado, es la cuantía máxima por la que respondería Mapfre, que sí está fijada en otras cuestiones como los accidentes o los daños en edificios. Fuentes del sector de los seguros aseguran que habitualmente estas pólizas tienen un límite de 600.000 y confirman que son efectivas aun en el caso de que los implicados sean condenados penalmente. A lo único que no harían frente es a actuaciones que no estuviesen relacionadas con el cargo o actividad profesional de estos.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

Una póliza blinda a los imputados de la Casa da Cultura