Las listas electorales sin imputados descabezarían al PP y al PSOE

Afectaría a regidores de Camariñas, Corcubión, Coristanco, Fisterra y Malpica


cee / la voz

La afirmación del vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Carlos Floriano, de que «la gente implicada en asuntos de corrupción, imputados, no van a ir en las listas electorales del PP» ha desatado una auténtica tormenta interna en la formación conservadora, porque, de materializarse esa decisión las listas para las municipales del 2015 deberían cambiar de manera muy significativa en la Costa da Morte.

¿Cómo afectaría esta decisión en la zona?

Si las negociaciones entre el PP y el PSOE asediados por casos de corrupción culminan con la determinación de que los imputados no podrán ser candidatos en el año que viene, hasta cinco cabezas de lista de las últimas municipales en la Costa da Morte no repetirían.

¿Quiénes son los afectados y por qué?

El alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP), y el de Corcubión, Francisco Javier Lema (PSOE), están imputados por prevaricación, entre otros delitos, dentro de la operación Orquesta. El de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso (PSOE) también tiene causas pendientes en los tribunales por supuesta prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas, debido a los asuntos del tanatorio y las contrataciones. El coristanqués, Antonio Pensado (PP), está señalado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Además, una funcionario municipal lo ha denunciado por acoso laboral. Y su compañero de partido en Malpica, Eduardo Parga, está pendiente de un presunto delito urbanístico, en relación con una licencia de obra concedida en el 2006.

¿Hay más implicados?

En casi todos los casos están imputados también los segundos de abordo de los respectivos gobierno, generalmente por las mismas causas que los regidores, con lo que, de concretarse esta iniciativa, tampoco podrían concurrir a las elecciones. También se encuentra en una situación similar el alcalde Vimianzo, Manuel Antelo (BNG), aunque su partido ni siquiera se ha planteado la posibilidad de apartarle, porque considera que sus imputaciones no son por corrupción, sino por luchar contra una «trama corrupta» de la que surgieron todas las denuncias.

¿Qué posibilidad hay de que esta medida llegue a aplicarse?

Resulta difícil predecirlo. En principio, el propio presidente la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha desmentido a Floriano aunque deja la puerta abierta al afirmar que su partido actuará según los acuerdos y las reglas que se adopten «entre todos», en clara referencia al pacto anticorrupción que están negociando con el PSOE. El presidente de la Deputación da Coruña, Diego Calvo, y responsable provincial de la formación conservadora, aseguró recientemente en Carballo que es preciso analizar «caso a caso» porque no todos son iguales. Además, respaldó a los cargos de su partido imputados en la zona. Por contra, el PSOE se aferra al sistema de primarias para que sean los militantes quienes decidan si apoyan o no a candidatos imputados.

¿Puede cambiar esta situación en meses?

Dada la volatilidad del panorama político estatal y la ascensión de Podemos en los encuestas, no resulta descabellado pensar que los dos principales partidos puedan verse abocados a tomar determinaciones drásticas como esta. Sobre todo si continúan aflorando episodios de corrupción, como los que en estos momentos dominan la opinión pública hasta el punto de que los ciudadanos los consideran el segundo problema del país después del paro. En ese caso, a PP y PSOE no les quedaría otra que apartar a todos los imputados para concurrir a las elecciones con un mínimo de garantías.

¿Cómo está afectando esto en los partidos?

A nivel local, provincial e incluso también autonómico, todos están a la expectativa de las decisiones que puedan llegar desde Madrid y condicionar así la organización en los niveles inferiores. Los implicados no las tienen todas consigo e incluso han tenido que retrasar actos que, de otro modo, ya se tendrían celebrado. En la calle también está abierto el debate sobre el hecho de impedir o no que en las listas electorales figuren personas con alguna imputación.

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