El alcalde se muestra «indignado» con la Xunta y recurre a la Fegamp
11 may 2014 . Actualizado a las 19:37 h.La continuidad de la secretaria municipal de Vimianzo, que el pasado 14 de abril acabó su comisión de servicio en el Concello y aspira a renovarla, ha abierto una nueva brecha política en el Ayuntamiento. La presentación de un escrito por parte de los concejales de la moción de censura en contra de su continuidad ha dado lugar a la paralización del proceso por parte de la Dirección Xeral da Administración Local de la Xunta de Galicia. Una decisión que el alcalde, Manuel Antelo, considera «indignante» porque «crea un perigoso precedente» en el que «calquera cidadán pode presentar un escrito sen argumento nin base algunha e paralizar así a Administración». De ahí que, después de hablar con el director general y de que este le informase del documento de los censores, que no recibió por vía oficial, haya pedido el «amparo e auxilio» de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ante lo que considera «unha actuación sen precedentes».
El germen de este conflicto radica en que los ediles opositores siempre se han mostrado convencidos de que la funcionaria, María Cristina Varela García, actúa al dictado del alcalde, con lo que les priva a ellos del ejercicio de sus derechos.
Concretamente dicen que impidió la moción de censura amparándose en una baja laboral pese a que el día de la presentación (2 de marzo del 2013) estaba en el Concello. La responsabilizan de actuar como secretaria de un expediente a otro funcionario pese a que había un acuerdo del pleno para paralizarlo. La acusan también de emitir informes para que el alcalde no respete la periodicidad de los plenos, impedir la presentación de mociones o que queden sobre la mesa algunos asuntos del debate.
Sin embargo, según dice Antelo, «non presentan nin unha soa proba» y lo único que tratan es de «amedrentar» y coaccionar a la profesional para condicionar sus decisiones y evitar que el actual gobierno «destape a corrupción» de etapas anteriores. Una actitud que, a su juicio, no hace más que «paralizar» la Administración, a falta de un secretario con habilitación estatal lo que impide, por ejemplo, sacar adelante los plenos o dar licencias a quien dependen de ellas para no perder subvenciones conseguidas.