Sigue en Cee la polémica sobre la ordenanza de ayuda a domicilio

J. V. Lado / T. Longueira CEE, CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO

Zas, Malpica, Camariñas y Cabana aprobaron la modificación exigida

29 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El informe de la trabajadora social de Cee, Carmen Rodiño, respecto a la modificación de la ordenanza de ayuda en el hogar determina que «polos cálculos estimados, o nivel de copago tería unha variación mínima. O Concello non ten marxe de manobra para cambiar a fórmula [...] que para as persoas coa axuda no fogar básica segue exactamente igual», porque lo único que desaparecen son los niveles dentro de los grados.

Estas valoraciones le sirvieron a la alcaldesa, Zaira Rodríguez, para volver ayer sobre el tema abordado en el pleno del miércoles y asegurar que las subidas «nos casos que as haxa serán ínfimas». De ahí que esté convencida de que los ediles de la oposición, a su juicio, «non saben moi ben o que votaron», porque en lo que sí hubo variación fue en la anterior ordenanza para las personas no dependientes y esa la apoyaron «incluso Ramón Vigo a defendeu como xusta», por lo que les pide que recapaciten.

Sin embargo, la postura no es exclusiva de la oposición de Cee. Ayer por la noche el pleno de Camariñas aprobó la reforma por unanimidad pero la concejala de Servizos Sociais, María del Carmen Linares, quiso dejar claro que lo hicieron «por no dejar sin servicio a los 60 usuarios» pero «con todo el dolor del mundo» porque «es una medida del PP para suprimir la ley de dependencia que nunca le gustó» y que, en algunos casos, los de ayuda básica, «el copago sube el doble».

La corporación de Malpica también validó la modificación con el voto en contra del PSOE. El portavoz socialista, Rogelio Pereira argumentó que el ejecutivo local presentó «tarde, mal e arrastro» un cambio normativo, a su juicio, «inxusto».

En Zas la medida salió adelante por unanimidad y sin debate, aunque el alcalde, Manuel Muíño, si hizo referencia al caso de Cee, que acababa de leer en el periódico. Desde su punto de vista, los concellos que rechacen esta modificación impuesta corren un grave riesgo «porque o servizo está delegado e a Xunta pode chegar a rescatalo», lo que rompería con el principio de proximidad.