21 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.
El Defensor del Pueblo admitió una queja del edil de APIN, José Manuel Pose, en la que pedía la mediación de este organismo ante «a falta de información do Concello de Ponteceso» sobre el estado de las facturas pendientes de pago, cuya cuantía asciende, según él, a 1,2 millones de euros. Pose reclamó en varias sesiones plenarias documentos sobre la deuda del Ayuntamiento. En concreto, la parte relacionada con los proveedores. «Levo seis mese á espera de que o alcalde me deixe ver os expedientes».
Por su parte el Defensor del Pueblo «ha iniciado la oportuna investigación con el Ayuntamiento de Ponteceso al dar por admitida la queja formulada al entender que reúne los requisitos que fija la ley».