El Senado pide a la UE que excluya las conservas del acuerdo de libre comercio

Ana Gerpe Varela
A. Gerpe RIBEIRA / LA VOZ

CARBALLO

06 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Los grupos que integran la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado aprobaron por unanimidad una propuesta en la que se reclama la exclusión de las conservas y preparados de atún el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Tailandia. Es decir, del proceso de liberalización arancelaria que tan perjudicial resultaría para Calvo y Cerdeimar. El presidente de la comisión, José Luis Torres Colomer, destacó ayer la comprensión y talante de todos los grupos, al tiempo que recordó que, hace unos meses, también se logró el consenso para elaborar una propuesta relativa al a política pesquera comunitaria.

En el documento de la Cámara Alta se indica que Talilandia es, actualmente, el principal competidor en el sector atunero: «Su proximidad a la materia prima le otorga una clara ventaja y los aspectos de sostenibilidad medioambiental, social y económica a los que se ajustan están lejos de los estándares europeos». Torres expresó su deseo de que la UE «sea sensible a este sector productivo y a nuestra flota».

Con respecto a la incidencia del acuerdo en Galicia, el senador manifestó: «Nuestras factorías recibirían un golpe muy duro si se lleva a cabo el proceso de liberalización arancelaria. Estas fábricas son una importante fuente de empleo directo e indirecto, además del movimiento portuario que generan».

En el documento, que será remitido a la comisión, al consejo y al Parlamento europeos, se indica que, en el 2012, la producción de la industria de transformación de productos del mar españoles ascendió a 348.382 toneladas, valoradas en 1.483 millones de euros. También se pone de relieve que el sector emplea de forma directa a más de 15.000 personas. En el conjunto de la UE se contabilizan u nos 25.000 puestos de trabajo directos.

Además de pedir la exclusión del tratado de las conservas, la comisión del Senado reclama que se garantice la denominada igualdad de condiciones exigiendo el cumplimiento de los convenios internacionales en materia social y laboral, de gobernanza y medioambiental.