El abogado de Desguaces Lema ha solicitado la nulidad del auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago por entender que los hechos a los que alude ya han sido juzgados, y anuncia que reclamará un millón de euros como compensación por los perjuicios que llevó aparejado en su momento el cese de la actividad en la mina de Santa Lucía, aunque esa cantidad podría incrementarse si finalmente se materializa la nueva orden de paralización dictada por el Número 3 de Compostela.
El representante de Desguaces Lema, José M. Roibás, sostiene que los demandantes ocultaron al juez santiagués las diligencias realizadas archivadas por el Número 2 de Carballo, en primera instancia, y por la Audiencia Provincial, posteriormente, ya en el año 2008. Desde su punto de vista, el desconocimiento de ese proceso anterior es «trascendental», pues, aunque en el nuevo proceso se acusa de falsedad y prevaricación a un ex director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta, «tal imputación no deja de ser una argucia para intentar evitar la excepción de cosa juzgada», además de recordar que ya se realizó también ante el tribunal carballés.
Señala, además, que los demandantes pretenden que se realice un análisis del material depositado en la cantera y en las basas, «a sabiendas de que tal prueba había sido propuesta en las diligencias previas que se siguieron ante el juzgado de Carballo, y este, de forma expresa, denegó la misma, al ser, por un lado, intrascendente y, por otro, imposible de llevarse a efecto». En este sentido, Roibás califica como «paradójica» la petición de la realización de la prueba a la Universidad de Santiago, al Seprona y a Tragsa, sobre todo porque la primera informó en febrero del 2008 sobre la imposibilidad de «encargarse de la realización de dicha tarea». El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, por su parte, señaló en su día que las catas resultarían «muy costosas», y, por último, alude a la conclusión de la Audiencia, según la cual «no ha quedado acreditado» en la investigación de los vertidos la presencia de sustancias «que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas».
Por lo que respecta a la orden de paralización de la actividad en Santa Lucía, el abogado de Desguaces Lema argumenta que antes de adoptar una medida cautelar de este calibre tendría que darse audiencia a su cliente. Además, recuerda que la mina ya estuvo cerrada durante el proceso judicial realizado en Carballo, «causándose a mi mandante unos perjuicios de más de un millón de euros, daños estos que, sin duda, serán objeto de reclamación y que se verán incrementados con la medida cautelar adoptada por el juzgado. Por tanto, tal y como se indica en la resolución recurrida, es incierto que el cierre acordado no cause perjuicio alguno a mi mandante». A este respecto, Roibás apunta que, de no ser estimada su petición, «se ha de requerir a los querellantes a fin de que presten fianza por importe de un millón de euros a fin de responder de los daños ocasionados y que se puedan ocasionar en el futuro».
Por último, considera «incomprensible» que el Ministerio Fiscal haya recurrido la resolución de febrero del 2010, ya que ante el juzgado de Carballo manifestó que no era precisa la prueba pericial. «Más coordinación habría que solicitarle a ese ministerio público», concluye.