A pesar de que el alcalde de Coristanco confirmó hace unos días en pleno que la empresa que promueve el parque eólico de Fonte Silva (en terrenos de ese municipio y de Santa Comba) aún no dispone de los permisos municipales necesarios para realizar las obras, las máquinas ya comenzaron a trabajar en la zona en diciembre del año pasado y, además, ocupando terrenos privados sin haber llegado a ningún acuerdo con sus propietarios.
Así, al menos, lo han denunciado varios vecinos de la zona a través de sendos escritos remitidos en las últimas semanas a las delegaciones provinciales de las Consellería de Innovación e Industria, de Medio Ambiente y de Política Territorial, a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y al propio Concello coristanqués.
En todos estos documentos, los afectados recuerdan algunos de los trámites del proyecto del parque eólico, pero explican que ellos no han dado permiso para ocupar sus terrenos y que no tienen constancia de que exista ningún procedimiento para privarlos de sus derechos. «Se están executando obras de construcción tanto do parque eólico como da línea eléctrica [que servirá para evacuar la producción] con ocupación das parcelas sin autorización do propietario ou expediente administrativo de expropiación ou imposición de servidume de línea eléctrica», afirman en sus escritos.
Solicitud de paralización
Además, hacen referencia a la falta de autorizaciones administrativas para la ejecución de los trabajos y concluyen solicitando a la Administración que promueva «a paralización inmediata das obras toda vez que carecen de cobertura xurídica e administrativa para a súa execución».
Los afectados reclaman, concretamente, a Industria que adopte medidas concretas y explican que, en caso contrario, entenderán que adopta una «complicidade manifesta» con la empresa «por un afán de querer máis avances nas obras».
Los denunciantes explican que algunos propietarios sí han llegado a un acuerdo con la empresa que promueve el parque, pero que ellos se niegan a aceptar las contraprestaciones propuestas al considerarlas insuficientes.
Además, acusan al alcalde de negar la propiedad de algunos terrenos a sus dueños en referencia a la disputa que existe sobre la titularidad de algunos montes de la zona y explican que, aunque los terrenos fueron entregados al Concello «por un estado ditatorial», los vecinos llevan años pagando los impuestos correspondientes.
También se refieren al convenio alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa para facilitar los trámites del parque y califican de «vergoña» que «nun concello democrático se realicen obras ilegais coa complicidade dun convenio».