La ministra Ribera desvela lo que costará la descarbonización

La titular de Transición Ecológica advierte que el proceso exigirá «muchas complicidades » en el horizonte de 2050. Insiste en la urgencia de un «plan de choque» en materia de depuración y saneamiento

Teresa Ribera
Teresa Ribera
La Voz

La transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde. Lo ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea (UE) dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de esta explotaciones a más tardar en 2018.

Ribera ha aludido también a la cuestión de la depuración y el saneamiento pendientes en las ciudades españolas -Gijón entre ellas- tras la reciente multa millonaria impuesta por la CE, la ministra ha señalado que España «no puede mantenerse en el umbral de incumplimiento», hay que acometer con urgencia un plan de choque en esta materia, algo que se plantea como una de las prioridades de su cartera.

La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en junio pasado. Esta forma parte del llamando «paquete de invierno» para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40 % de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32 % de renovables y el 32,5 % de eficiencia energética. El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90 % de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución».

La ministra ha señalado que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Adaptación de la edificación

Otro de los grandes retos es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos.

Además -ha criticado-, tenemos esta «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el Partido Popular, porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración. «No tengo ninguna objeción en que el Partido Popular subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha dicho.

Es importante una ley con herramientas que «permitan generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, ha señalado la importancia de reducir las emisiones al 0 % en 2050, ya que actualmente suponen el 40 por ciento.

Agua y trasvases

En materia de agua, un bien «limitado, precioso y fundamental para la vida», ha abogado por una gestión «responsable» del recurso disponible, en un contexto que plantea muchas incertidumbres por el cambio climático, y ha defendido la reutilización, además de recordar la inversión en desalación. Preguntada por los trasvases, Ribera ha subrayado que «por definición» son «algo limitado» y «no puede ser norma general», aunque no se puede ser taxativos y prohibirlos, dado que, en alguna ocasión, «podemos necesitar acudir a ellos».

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