Los científicos del CSIC no descartan que en el futuro se tenga que pagar por el «uso recreativo» de recursos naturales

Europa Press

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Turistas en O Fuciño do Porco
Turistas en O Fuciño do Porco PEPA LOSADA

Aseguran que el mundo se encamina hacia una «mayor economía comercial» de los servicios ambientales en materia de conservación

03 ago 2018 . Actualizado a las 17:09 h.

 Los investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC) Alejandro José Caparrós y Pablo Campos creen que, en el futuro, podría tenerse que pagar por el «uso recreativo» de los recursos naturales, aunque han advertido que se trata de una medida que «generaría rechazo».

Así lo han señalado este viernes en rueda de prensa ofrecida en Santander con motivo de su participación esta semana en el encuentro sobre lo que se ha denominado Contabilidad del ecosistema (Ecosystem accounting), que forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que analiza las experiencias recientes y los desarrollos futuros.

En este sentido, se han referido a simulaciones que se han hecho en Andalucía dirigidas a determinar «cuánto realmente se podría recaudar potencialmente en un mercado hipotético» en torno al acceso a los recursos naturales, por ejemplo, para el acceso a los bosques.

Sobre la viabilidad o no de imponer o no tasas, tanto Caparrós, que es director del IPP-CSIC, como Campos, responsable del grupo de investigación en Economía Ambiental de este instituto, han explicado que se trata de una decisión «política» que corresponde a los gobiernos.

En este sentido, han recordado que ellos son científicos y analistas y no políticos y han explicado, en esta misma línea, que el IPP-CSIC «evita decir» si es «adecuado o no» esta imposición de tasas.

Sin embargo, Caparrós ha opinado que sería una medida que «generaría rechazo» en la población y ha reconocido que él «no la llevaría a la práctica».

Por su parte, Campos cree el mundo se encamina hacia una «mayor economía comercial» de los servicios ambientales en materia de conservación de la naturaleza.

Según su «opinión personal», en el futuro habrá «más mercado» en la conservación del medio ambiente, «más compensación pública» en zonas donde estén en «riesgo» los elementos de la biodiversidad y «más regulación pública» en materias como la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción.

Así estima que habrá una protección «más activa», en la que se concederá «más importancia» a factores como la colaboración público-privada o el trabajo «voluntario» de los usuarios de los bienes naturales.