SEO/BirdLife propone un conjunto de indicadores para mejorar la «claramente desfavorable» gobernanza ambiental en España

La ONG SEO/BirdLife ha suspendido a España en cuanto a buen gobierno ambiental, tras analizar la situación en el conjunto del país, y ha elaborado y propuesto un conjunto de indicadores con cuyo análisis periódico se podría mejorar la gobernanza que en la actualidad se encuentra en una situación «claramente desfavorable» y «manifiestamente mejorable».

Entre las principales conclusiones del informe Indicadores de Gobernanza Ambiental en España, la ONG señala la escasa presencia del medio ambiente en la actividad parlamentaria, con apenas un 0,44 por ciento, y denuncia que España es el país «más incumplidor» de la legislación ambiental de la UE.

El documento, presentado este jueves, propone un sistema de indicadores con los que evaluar de forma periódica la acción de las administraciones e instituciones en la defensa del medio ambiente. Los autores reflejan también el grado de conflictividad constitucional que experimentan las cuestiones ambientales, que es excesivamente alto para el escaso número de leyes aprobadas.

Así, SEO/BirdLife analiza el estado de la legislación, la acción de las instituciones, los procesos de participación y la fiscalidad ambiental. Tras el análisis de cada indicador, se otorga una puntuación en cuatro niveles que van de «claramente favorable» a «claramente desfavorable».

El primero de los indicadores aborda el grado de cumplimiento del amplio derecho comunitario en materia de medioambiente por parte de España, cuestión en la que «suspende». De hecho, España es el país «más incumplidor» de toda la Unión Europea si se atiende a los casos abiertos.

En 2017, España tenía 30 de los 325 casos abiertos, es decir el 9,2 por ciento, una cifra tres veces superior a la media del conjunto de los Estados miembro, que se sitúa en el 3,5 por ciento. Detrás están Grecia con 27 y Polonia e Italia con 18.

Por otro lado, el análisis de la ONG valora el marco legal para afrontar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030 y, en la actualidad, no observa ningún compromiso firma sobre una nueva estrategia de desarrollo sostenible a nivel estatal. Del mismo modo, los ejemplos autonómicos son aislados y no están coordinados con los estatales.

En el ámbito institucional, el informe subraya la alta conflictividad constitucional de las leyes ambientales, recurridas al Tribunal Constitucional en mayor medida que otras materias.

En la décima legislatura, que presidió Mariano Rajoy entre 2011 y 2015, el Estado y las comunidades autónomas presentaron 213 conflictos, de los cuales 39 eran ambientales. Un 18,30 por ciento del total. Teniendo en cuenta que las leyes ambientales representan en torno al 8 por ciento del total, los autores concluyen que la conflictividad constitucional en la materia es «inusitadamente alta».

Además, para señalar como «claramente desfavorable» este indicador, el estudio se fija también en la actividad parlamentaria en el medio ambiente. En concreto, el medio ambiente supuso un 0,44 por ciento de los temas tratados en el Congreso de los Diputados: 64 veces al tratar los presupuestos, 25 para abordar el cambio climático, 11 para analizar el impacto de los incendios y solo tres para hablar de Energía. Los agentes ambientales o forestales sólo tuvieron cabida en la Cámara Baja en dos ocasiones.

Por otro lado, también expone que es mejorable la participación en la materia y pone de ejemplo que el Consejo Asesor de Medio Ambiente se ha reunido cada vez menos veces en estos años. De hecho, en la memoria de 2015 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la última publicada, tan solo se daba cuenta del número de reuniones y de las normas pasadas a estudio.

Sin embargo, señala que a nivel autonómico la situación es algo más positiva ya que Cataluña, Extremadura, País Vasco, Aragón, Andalucía, castilla-La Mancha o Asturias alcanzan puntuaciones favorables o moderadamente favorable mientras que regiones como Castilla y León o Madrid obtienen «la peor nota posible».

En cuanto a la fiscalidad ambiental, el estudio pone también nota a este aspecto que considera «instrumento clave» a la hora de incentivar o primar aquellos comportamientos beneficiosos para el medio ambiente o penalizar comportamientos perjudiciales.

En concreto, expone que los tributos en materia de medio ambiente se han reducido gradualmente respecto del PIB desde 1998, llegando a presentar uno de los porcentajes más bajos de la UE de los 27. En concreto, un 1,6 por ciento del PIB en 2012, muy por debajo de la media de entonces, un 2,6 por ciento.

En 2015, España era el cuarto país por la cola de toda la UE, con un 1,9 por ciento de su PIB proveniente de impuestos ambientales. Y ese año, de acuerdo con el INE, se produjo una reducción en términos absolutos del 1,7 por ciento con respecto al 2015.

Durante la presentación del informe, la asesora jurídica de SEO/BirdLife y coautora del análisis, Cristina Álvarez, ha manifestado que otros países llevan años evaluando este tipo de indicadores dirigidos a vigilar y orientar la acción de la administración, sobre todo cuando hay un debate «maduro» sobre los problemas y causas; cuando el público está «implicado» y cuando existe una «disposición firme» a identificar y aplicar soluciones.

«Este informe de SEO/BirdLife es una primera aportación a una gran tarea pendiente que empieza a estar sobre la mesa en España gracias a iniciativas recientes como las lanzadas por la OCDE y la Comisión Europea. Más que nunca, es tiempo de defender y de exigir buen gobierno ambiental», ha declarado.

Por su parte, el director de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, ha justificado el informe en la intención de «provocar un debate» sobre la calidad de la gobernanza ambiental en España y la necesidad de dar un «salto cualitativo».

A su juicio, estos indicadores invitan a la reflexión y a la autocrítica al tiempo que pueden ser un paso previo para corregir «lo que no se está haciendo bien».

Por este motivo, ha añadido que en los próximos meses la ONG profundizará en las causas de la «desgobernanza ambiental» que se ha detectado con los indicadores y en la búsqueda de soluciones.

«Repetiremos estos análisis y propondremos otros indicadores, para seguir el progreso en el futuro», ha anunciado.

Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera que es «tiempo de cambiar la dinámica» de los malos ejemplos de gobernanza ambiental en España que la ONG ha observado a lo largo de 60 años de historia.

«Es el momento de reclamar un buen gobierno ambiental para frenar el declive y la decadencia ambiental», señala la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

«Queda mucho camino por recorrer en cuestiones que deberían estar ya perfectamente engrasadas. España es el país más amenazado por el cambio climático y con mayor biodiversidad de toda Europa. Queramos o no, la gobernanza ambiental es una cuestión vertebral del Estado y de todas las regiones que lo componen. Ningún gobierno será un buen gobierno sin gobernanza ambiental», ha concluido.

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