Si hablamos hoy de concesiones para la ocupación de dominio público y de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar podremos comprobar cómo la sensibilidad y la falta de conocimiento afloran a partes iguales. Con esos dos elementos mezclados y agitados, no revueltos, es imposible tratar el tema con un mínimo de claridad, ecuanimidad y, de forma especial, con la riqueza de matices y situaciones que ofrece (sobre todo en Galicia).
Que en la costa se han hecho mil y una aberraciones no lo puede negar nadie: basta con echar un vistazo o darse un paseo por cualquier rincón de España. Que no dejan de ser aberraciones por mucho que se invoque una realidad consolidada y los negativos efectos socioeconómicos de enderezarlo. Admitir eso sería como validar la política de hechos consumados como modo de actuar, totalmente contraria al estado de derecho que invocan algunos afectados.
Hay otro factor que los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica tienen presente: los avances tecnológicos y la evolución industrial hacen que a día hoy existan un buen número de actividades que no tienen por qué desarrollarse al lado del mar y pueden hacerlo en otras zonas con menos impacto. Por ejemplo conserveras, depuradoras, cetáreas… Poner encima de la mesa la tradición y la reminiscencia del pasado no parece argumento suficiente en contra.
Otra cuestión es defender los derechos reales, las inversiones legales y los plazos otorgados (no las hipotéticas renovaciones). Ni tampoco descolgarse algún representante sectorial diciendo que la abogacía del Estado prevarica en sus informes. Así no llegarán muy lejos.