Leo esta semana que el juzgado de Ribeira ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta en el 2013 -¡qué pasada de agilidad!- contra el ex patrón mayor de Cabo de Cruz, Carmelo Vidal, y su segunda, Ermitas Pérez. Podría mentirles y endulzarles el trago o, a usanza de la clase política, hacer demagogia y mirar hacia otro lado; pero servidora se siente preocupada y, pienso, no es para menos. Porque una vez más, y son muchas, el proceso judicial es la pena. Un resumen desalentador y frustrante cuando llegamos a tal conclusión desde la que consideramos butaca confortable del salón de un Estado de Derecho.
Creo que todos podemos convenir en que una Justicia lenta ya no es justa. Pero en este y otros casos, más y menos graves, me pregunto ¿existe seguridad jurídica y presunción de inocencia real? La dolorosa respuesta, para quienes creemos en ese Estado de Derecho, es no. Pero si además leemos el auto de la jueza con detenimiento vemos que se ha mantenido un proceso sin base y sin pruebas suficientes durante ¡seis años y medio! Una aberración formal y un enorme e irreparable perjuicio personal.
El verdadero problema no es que se den errores de este tipo. El problema real es que exista un sistema que los ampara y defiende y una sociedad insensible a ellos. Nos hemos acostumbrado a ver operativos y despliegues de las fuerzas del orden o de la Fiscalía que después, pasados años, se quedan en un rotundo fiasco. Que parecen perseguir más la pena del calvario del proceso que una condena justa. Que parecen buscar más la venganza que un juicio justo.