El nuestro es un país con una vocación legisladora, aunque donde flojea un poco es en la segunda parte del capítulo de promulgación de leyes: hacer que se cumplan. Realmente, lo importante no es tener un carro de normas o disposiciones, sino conseguir que se respeten las existentes. En esos países a los que es frecuente poner como modelo cuando se habla del buen hacer, como los nórdicos, también acostumbran a legislar en abundancia, pero la diferencia es que todo el peso de la autoridad cae sobre los ciudadanos que incumplen y estos lo saben. También es cierto que en muchos de los llamados «países de nuestro entorno» la relación entre Administración y administrados es un pelín distinta, porque las Administraciones exigen, pero los ciudadanos también hacen uso de su poder para exigirles a ellas. Digamos que existe un equilibrio de fuerzas en el que cada una de las partes emplea los medios coercitivos que tiene a su alcance.
Lo anterior viene a colación de la nueva Lei de Protección dos Animais, que ha disparado en la comarca la inscripción de mascotas en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac). Al parecer, el miedo a las multas ha propiciado que los dueños de muchos canes hayan decidido sacarlos de la ilegalidad y colocarles un chip.
Sin embargo, diversas fuentes afirman que son muchos más los perros que todavía están sin registrar y que son abundantes los ciudadanos que prefieren abandonar a los animales antes que cumplir con los trámites para su regularización.
La avalancha de autorizaciones registrada recuerda a lo que ha pasado con otras leyes que al principio van respetándose, pero que al cabo de un tiempo su cumplimiento se reduce drásticamente porque no existe un control.
Lamentablemente, y aunque a algunos les duela reconocerlo, la amenaza de una sanción económica es muy motivadora a la hora de hacer cumplir las normas. La obligación de inscribir a los animales ya existía antes y, sin embargo, equipos de Protección Civil de la comarca, protectoras y hasta policías locales están cansados de recoger en las calles perros que carecen de identificación alguna. Claro, así no es posible saber quien es el dueño y no hay nadie al que sancionar.
Por eso, además de legislar, es importante establecer los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las normas. Difícil resulta hacerlo si, como sucede en este caso, la competencia sobre el control se el encomienda a unos ayuntamientos cuyas policías locales, por ejemplo, están mermadas. Carentes de personal no solo endémicamente, sino porque, ni tan siquiera se está cubriendo la tasa de reposición de las jubilaciones.