La plataforma irá a los juzgados si no recibe varios documentos
01 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Están convencidos de que reabrir la mina de Touro significaría colocar una bomba de relojería. Ese proyecto, «do que aínda non escoitamos ao presidente da Xunta dicir que non se vai facer», que sigue su tramitación, es una amenaza real para los habitantes de la cuenca del Ulla.
El trabajo de todos los que dependen del mar estaría, en caso de que se produjese algún fallo, condenado a la extinción. Por todo ello, cofradías, mejilloneros, y los colectivos integrados en la Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa llevan tiempo librando una batalla contra la reapertura de la explotación de Touro-O Pino. Y en el fragor de esa lucha descubrieron una nueva amenaza: la que consideran una deficiente regeneración de la antigua explotación, la que funcionó entre los años 1973 y 1986.
«Queremos saber se temos un problema aí ou non», explicaba ayer, en una rueda de prensa en Vilagarcía, el patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa. Llevan queriendo saberlo, de hecho, desde hace meses. En enero de este año, todas las organizaciones de la PDRA, a título individual, pidieron acceso a la información de la vieja mina. Tres meses después, ante el silencio de la Dirección Xeral de Minas, trasladaron a la Valedora do Pobo su queja. Quizás a raíz de eso, «Industria deunos acceso físico na Delegación Territorial da Coruña aos documentos».
En corto
Ante la mirada constante de un funcionario, los representantes de la PDRA pudieron ver unos expedientes que estaban desordenados y en los que faltaban documentos. No podían ni fotocopiarlos, ni hacerles fotos. Pese a todos esos «obstáculos», la plataforma consiguió elaborar un listado de documentos que querían ver con más detenimiento y lo presentaron a la Dirección Xeral de Minas. Eso fue en agosto, pero siguen sin información. Tampoco la han conseguido a través de la Valedora.
Por esa razón, los colectivos integrados en la PDRA han decidido dar un paso adelante. Ayer presentaron en el registro del Concello de Vilagarcía dos documentos. Uno, dirigido a la Consellería de Industria. En él le exigen que, «
á maior brevidade
» entreguen los documentos solicitados. Si no lo hacen en un plazo de diez días, recurrirán a los juzgados. El segundo documento entregado ayer tiene como destinataria a la Valedora do Pobo, a la que instan a declarar a la Consellería de Industria como «hostil».