Facenda controla el gasto de cuatro ayuntamientos de la comarca

Las entidades locales han tenido que presentar un plan económico financiero


Ribeira / la voz

Todos los años, al finalizar el ejercicio, la Consellería de Facenda elabora un balance sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las entidades locales, y los ayuntamientos que se saltan las normas son sometidos a un control por parte de la Xunta, que tutela sus gastos exigiendo la aprobación de un plan económico financiero con los ajustes necesarios para que el concello en cuestión recupere el equilibrio contable. En el caso de la comarca, el año pasado fueron cuatro las Administraciones locales que se encontraron en esta situación, así como la mancomunidad Arousa Norte.

Según esto, los concellos requeridos para presentar un plan de ajuste fueron Carnota, Muros, Outes y Porto do Son. Eso es lo que dice el balance de Facenda, porque el regidor carnotano, Ramón Noceda, asegura que a su despacho no llegó ningún requerimiento en este sentido. «Estamos cumprindo escrupulosamente todos os anos coa regra de gasto», aseguró, al tiempo que reconoció que sí existe un requerimiento para que el Concello controle el período medio de pago a proveedores, que va mucho más allá de los treinta días de plazo que establece la legislación.

En relación con esto, Noceda explicó que la causa de que el dato sobre cuánto tiempo tarda en pagar sus facturas el Ayuntamiento de Carnota esté desbocado tiene su explicación en unos recibos de Espina y Delfín -concesionaria del servicio de abastecimiento- que llevan años pendientes porque existía una discrepancia: «O resto dos pagos están ao día, é o único provedor que está nesa situación e vaise resolver porque xa temos o informe do interventor e di que son eles os que nos deben cartos a nós e non ao revés».

Límite superado

Son dos cuestiones las que valora Facenda para exigir un plan económico financiero: el déficit y el techo de gasto. En el caso del área barbanzana, es el incumplimiento de este último concepto el que ha llevado a que las cuentas de ayuntamientos como el de Porto do Son estén tuteladas por la Administración autonómica.

Para evitar desmanes y lograr el equilibrio en las finanzas públicas se establece un límite de cuánto pueden gastar los concellos, independientemente de que sus ingresos se vean incrementados, de manera que esos recursos queden como remanente por si vuelven los tiempos de las vacas flacas. Lo que ocurre es que como las Administraciones vienen de un período de contención por la crisis, el techo de gasto es bajo.

En el caso sonense, el alcalde, Luis Oujo, explica qué motivó el incumplimiento: «Coa nova lei de contratación non nos deu tempo a contratar as actuacións do plan de obras provincial antes de rematar o ano e arrastrámolas para o seguinte. Xuntámonos no mesmo exercicio coas obras de dous POS e gastamos máis do que nos permitían». Aclara que pasarse del techo de gasto no quiere decir que hayan gastado un dinero que no tenían y que el plan económico financiero sirve «para explicar como financiamos ese gasto».

Por el mismo motivo se vio obligado a elaborar un plan de ajuste el Concello de Outes. La alcaldesa, Beatriz Molinos, señala que en el documento se recogen las medidas que se toman para corregir la situación y explica que, en su caso, el préstamo de la Diputación y el pago de un vehículo en el ejercicio siguiente al de la convocatoria para su compra provocó el desequilibrio. En cuanto a Arousa Norte, Xosé Lois Piñeiro explicó que es fácil saltar se la regla de gasto porque el presupuesto de la entidad es muy bajo pero que, en todo caso, la situación no es preocupante.

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