La piqueta intensifica su actividad ante los abusos urbanísticos en la provincia

De enero a septiembre se derribaron 51 edificaciones ilegales a instancias de la Xunta


santiago / la voz

El aumento del control sobre los desmanes urbanísticos se está traduciendo en un incremento de las órdenes de demolición de edificaciones ilegales. En los nueve primeros meses del año se han ejecutado en la provincia de A Coruña un total de 51 derribos de construcciones de distinta tipología que tenían un nexo común en su condición ilegal. Desde luego, no están todas las que son, porque siguen en pie muchas edificaciones sobre las que pesan reiteradas sentencias judiciales ordenando su derribo. Pero el balance de la actividad de la piqueta sí constata que se están aplicando medidas disciplinarias en un ámbito en el que hasta hace unos años se dejaba hacer, y también que va calando una concienciación urbanística que ya permite diferenciar lo que está bien de lo que es un abuso, y asumir que incumplir la ley conlleva una penalización.

De hecho, en los 51 casos referidos, que corresponden a las demoliciones ejecutadas entre enero y septiembre de este año, fueron los infractores los que procedieron a derribar las edificaciones ilegales (en muchos casos, galpones) a instancias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Como es obvio, en esa asunción voluntaria del derribo pesa tanto el aumento progresivo de las sanciones a las que se ven expuestos los titulares de las construcciones levantadas sin licencia o en suelo rústico como la posibilidad de acceder de ese modo a una factura más asequible por unas obras cuyo coste se dispara si es la Administración la que acomete esos trabajos.

En cuanto al tipo de ilícitos que está detrás de los procedimientos que acaban en órdenes de demolición, el balance de las ejecutadas en la provincia en los nueve primeros meses de este ejercicio detalla el predominio de municipios costeros, lo que en la mayoría de los casos apunta a una vulneración normativa por construir en suelo rústico. Y en varios de esos concellos se han dado varias demoliciones en ese período. En Porto do Son la piqueta echó abajo cinco edificaciones; en Culleredo, tres; y en Boiro, otras tres. Pero las excavadoras también actuaron en ayuntamientos del interior. En el área de Santiago destacan las tres demoliciones registradas en Compostela y las de Teo y Padrón.

Resolución de expedientes

Estos resultados inciden en la tendencia al alza en el número de actuaciones disciplinarias en materia urbanística en Galicia, un ámbito en el que la APLU batió un nuevo récord durante el 2017. La Axencia realizó 1.250 inspecciones de carácter preventivo y, en el ámbito de iniciativas para la reposición de la legalidad, ejecutó más de 200 órdenes de derribo, una cifra que multiplica por cuatro las de sus primeros ejercicios de actividad. Uno de los aspectos en los que más incidencia hace la APLU es que el incremento de demoliciones no implica necesariamente que se cometan más desmanes urbanísticos, sino que se avanza en la resolución de expedientes que se habían abierto años atrás.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sostiene que nueve de cada diez expedientes están motivados por una voluntad de transgredir la norma, aunque sin tener conocimiento de las consecuencias que eso puede acarrear a los infractores.

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