El forense culpa al hospital de tener que llevarse el cadáver de un velatorio

En toda muerte violenta es obligatorio que se practique una autopsia para determinar si la causa del suceso fue suicida, homicida o accidental. Así se recoge sin género de dudas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese fue el caso de María del Río Antelo, una septuagenaria vecina de Outes (A Coruña) que falleció en la noche del día 1 en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gil Casares de Santiago tras haber sufrido, siete meses antes, una grave caída por unas escaleras. Sin embargo, el médico que la atendió en el centro decidió no llamar al forense y certificar él mismo el deceso, lo que obligó a que, cuatro horas antes del entierro, el juzgado ordenase recoger el cuerpo del velatorio y trasladarlo de nuevo a Compostela para que el Instituto de Medicina Legal (Imelga) pudiera hacer la autopsia sin la que no se podía expedir la autorización para darle sepultura. Un requisito que exige el artículo 274 del Reglamento del Registro Civil.

El forense del Imelga que estaba ese noche de guardia era Benito López de Abajo, que asegura estar «harto» de situaciones similares a la de esta vecina de Outes. Advierte que se dan más casos en Galicia «porque los médicos clínicos certifican muertes que son violentas y eso es algo que por ley solo podemos hacer los forenses», explica.

El certificado de defunción de la mujer, de 79 años, recoge claramente que la causa inicial o fundamental de la muerte fue un traumatismo tras una caída por las escaleras. «Esto es un suceso violento y por lo tanto hay que practicar una autopsia que determine si se trató o no de un accidente o si pueden existir indicios de criminalidad y hay que investigar un homicidio. En este caso, la señora llevaba meses ingresada en el hospital y se dio por hecho que su muerte fue natural, pero en el momento en el que el documento recoge la caída por las escaleras hay que hacer la autopsia. Sentimos lo que ha tenido que pasar la familia, pero lo único que hicimos los forenses fue cumplir con la legislación, como no puede ser de otra manera, y tomar todas las medidas necesarias para cumplir los trámites lo más rápidamente posible para no interferir en su duelo», asegura López de Abajo.

Para este forense, uno de los más reputados de Galicia, además de en el médico del hospital también hay parte de culpa de lo sucedido en la empresa funeraria que se encargó de tramitar el deceso. «Desde el Imelga llevamos tres años acreditando a trabajadores de funerarias de Galicia como tanatopractores y sé que el 90 o el 95 % de ellos saben perfectamente cuándo pueden recoger un certificado de defunción y cuándo no», afirma. En el caso de María del Río Antelo, Benito López de Abajo señala que lo correcto habría sido que, como ya eran las tres de la madrugada cuando fueron a buscar el cuerpo, «lo hubieran dejado en el hospital para evitar problemas, como luego se vio que existían. El asunto podría haberse arreglado a primera hora de la mañana en el juzgado y la familia no habría pasado un mal trago», añade.

Una situación que, según el forense, se produce con mucha más frecuencia de lo que podría parecer «porque médicos clínicos certifican muertes violentas, que no pueden, y después las bofetadas las llevamos nosotros», señala.

Sanidade no ve error

La Consellería de Sanidade, sin embargo, considera que no hubo ningún error en el Hospital Gil Casares de Santiago y que lo único que conocen de este caso es que desde el centro se entregó a la funeraria el correspondiente certificado de defunción junto con el resto de la documentación necesaria para poder enterrar el cadáver. El problema es que en ese certificado, pese a que el médico del centro especificaba que no había indicios de muerte violenta, sí se recogió como causa inicial del fallecimiento el traumatismo que sufrió la mujer de Outes al caer por las escaleras. Ese suceso, al tratarse de un fenómeno externo al organismo de la persona, entra en lo que la ley cataloga como muerte violenta y, por tanto, la autopsia era obligatoria.

De no haberse incluido esa causa inicial en el certificado y solo la neumonía broncoaspirativa que fue la razón definitiva del fallecimiento, el juzgado de Santiago no se habría visto obligado a ordenar retirar el cadáver del velatorio para que el forense, cumpliendo con la ley, le practicase la autopsia.

La familia espera que se produzca una respuesta tras la presentación de la queja

La familia de María del Río Antelo continúa con su día a día tras los duros momentos que padecieron con el traslado de sus restos mortales a cuatro horas de celebrarse su funeral. No obstante, si algo tienen claro es que no cejarán en su empeño por obtener una respuesta y disculpas de la persona u organismo responsable de lo sucedido.

Por este motivo, José María Suárez -el yerno de la difunta- se desplazó la pasada mañana de Outes a Santiago para presentar una queja formal en el Hospital Gil Casares. Finalmente, Suárez se llevó la documentación necesaria para la elaboración de dicho parte. La intención del outiense es presentar el escrito, debidamente detallado y argumentado, el próximo lunes.

Asimismo, y a partir del momento en que la Administración tenga constancia de la queja, Suárez explicó que estarán expectantes aguardando una explicación a todo lo sucedido: «Podemos agardar un tempo, unhas semanas, un mes... pero non aceptaremos o silencio por resposta».

Además, el afectado se reiteró en lo manifestado anteriormente al señalar que no están buscando ningún tipo de compensación más que la de alertar a la sociedad para que nadie «teña que pasar polo que pasamos nós, porque isto non o merece ninguén». En este sentido, se sienten indignados al haber escuchado de otros casos similares al suyo.

No quieren compensación

Por otra parte, el hecho de que todavía no se haya presentado el documento con la queja impide que la Consellería de Sanidade haya tenido algún tipo de constancia sobre este caso más allá de las cuestiones planteadas por este medio de comunicación cuando salieron a la luz pública el jueves.

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