El negocio de alterne se ubicaba en un piso de Noia
07 jun 2019 . Actualizado a las 13:46 h.La próxima semana se celebrará en la Audiencia Provincial el juicio contra dos vecinas de Noia que están acusadas, entre otros delitos, de prostituir a otras mujeres a las que captaban en sus países de origen, principalmente Colombia, y traían a España para lucrarse a su costa. Para ellas, la Fiscalía solicita una pena de cárcel de nueve años o, subsidiariamente, ocho años por la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
Según el relato del fiscal, las dos acusadas, madre e hija, dirigían un negocio de alterne en un piso situado en la localidad noiesa y, «con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito» contactaban con mujeres de nacionalidad extranjera, fundamentalmente colombiana, para que ejercieran la prostitución en el inmueble. Era la madre la que captaba a las víctimas en su país de origen y les proponía venir a España para ejercer la prostitución «conociendo y aprovechándose de las carencias económicas que sufrían». Presuntamente, las dos procesadas les proporcionaban una cantidad de dinero cercana a los 1.300 euros para financiar el billete de avión, los gastos de pasaportes y hoteles y el transporte hasta Noia, donde luego se veían obligadas a prostituirse para devolver esa cuantía con unos intereses que oscilaban entre los 500 y los 700 euros.
A las mujeres se les permitía vivir en el piso de las acusadas y a cambio estas se llevaban «el 50 % de los beneficios obtenidos en cada cita o pase, imponiéndoles un horario de trabajo de 24 horas, esto es, una completa disponibilidad durante todas las horas de todos los días de la semana». Es decir, que estaban obligadas a estar disponibles cada vez que un cliente las requería, independientemente de la hora o el día y de la carga de servicios que hubieran realizado con anterioridad. Según el escrito de acusación, eran las procesadas, principalmente la hija, las que se encargaban de concertar y negociar las citas y el precio con los hombres interesados y las que recibían el dinero del pago.
Las residentes en la vivienda tenían controladas sus salidas y las amenazaban con multas si decidían tomarse algún día libre. Además, estaban obligadas a permanecer en el piso ejerciendo la prostitución como mínimo hasta que hubiesen abonado la deuda contraída para el viaje a España. Al menos tres de estas mujeres vivieron esta situación entre mayo del 2016 y febrero del 2017 sin permiso de residencia ni de trabajo.
Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de tres delitos de prostitución, y pide para cada uno de ellos la pena de tres años de cárcel más el pago de una multa. Asimismo, también podrían ser constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y tres contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, para los que solicita, subsidiariamente, una condena de ocho años.
Por último, solicita que durante la vista que se celebrará en la sección segunda de la Audiencia Provincial el próximo martes estén a disposición de las partes los discos y cintas que contienen las grabaciones telefónicas y las declaraciones judiciales tanto de los testigos como de las dos imputadas.