La acusada del cobro irregular de 151.154 euros de las cuentas de una comunidad de montes de Boiro niega los hechos
BOIRO
Directores de la entidad financiera comparecerán en la última jornada del juicio
30 jun 2022 . Actualizado a las 16:31 h.La acusada del cobro irregular de 151.154 euros de la cuenta de la comunidad de montes de Montaña, Montañó-Piñeiro y Escobias, en el municipio de Boiro, negó los hechos durante su declaración en la primera jornada del juicio que tiene lugar en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña. Manifestó en su comparecencia que nunca acudió en solitario a retirar ningún importe. Incluso, señaló que no realizaba movimientos en la cuenta de la comunidad y que carecía de autorización para disponer de cantidades.
Según lo expuesto, solo se encargaba de redactar las actas de las asambleas, función que la comunidad había delegado en ella. Asimismo negó, como se indica en el escrito de la Fiscalía, haber estampado su firma en el recibí de los documentos bancarios de reintegro.
Sin embargo, un testigo que durante varios años trabajó en la ventanilla del banco en el que supuestamente se efectuaron los reintegros reconoció a la acusada, explicando que acudía de manera periódica a la caja, que lo hacía siempre sola y con una orden de pago firmada que, presuntamente, la acreditaba para sacar dinero de la cuenta.
Testimonio de constructores
En la segunda jornada, a instancias de la defensa de la que hasta el 2015 fue trabajadora social en el Concello de Boiro, comparecieron como testigos constructores que efectuaron diversas obras para la comunidad de montes. Según indicaron diversas fuentes, señalaron que las facturas emitidas están corroboradas.
Al parecer también fueron preguntados sobre la existencia de pagos en metálico que, afirmaron no recordar si habían existido después de tantos años.
Durante las dos primeras jornadas también prestaron declaración miembros de la directiva de la comunidad de montes, como el presidente y el tesorero, quienes ratificaron que la acusada carecía de autorización para realizar cobros de la cuenta. De igual manera, fueron llamados otros integrantes de la junta rectora.
La Fiscalía pide cinco años de cárcel y una multa de 20 euros de cuota diaria durante 11 meses. En el escrito se indica que cobró por caja 151.154 euros entre los años 2004 y 2014, realizando retiradas de efectivo de cantidades redondas» y que llegó a superar las 200.
Está acusada de un delito de falsedad en documento mercantil por el supuesto cobro «con ánimo de ilícito beneficio».
Está previsto que el juicio quede hoy visto para sentencia. Entre quienes deberán comparecer en la sala de la Audiencia Provincial en Santiago figuran antiguos responsables de la entidad financiera en la que presuntamente se llevaron a cabo las retiradas de dinero.
La acusada no tenía ningún cargo en la comunidad, de la que tampoco era integrante. Sí pertenecía a ella su padre, que ocupaba el cargo de tesorero. Debido a los conocimientos administrativos de la imputada, los comuneros acordaron que ella redactase las actas. Se delegó en ella la gestión económica, pero únicamente en lo relativo a trámites sobre expedientes de subvenciones y de contabilidad, así como la asistencia a las asambleas.