El TSXG condena a un autónomo a pagar una deuda de 62.700 contraída por otra empresa ya disuelta

Marta Gómez Regenjo
M. Gómez RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

Palacio de Justicia, en A Coruña, sede del TSXG
Palacio de Justicia, en A Coruña, sede del TSXG PACO RODRÍGUEZ

Tendrá que abonar además las costas del proceso judicial

03 jun 2024 . Actualizado a las 17:17 h.

Los intentos de un empresario de Noia por librarse de una deuda con la Seguridad Social han caído en saco roto y una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que él mismo recurrió, le ha condenado a satisfacer a las arcas públicas la cantidad de 62.769 euros. Lo inusual del caso es que esa cifra, que corresponde a impagos acumulados entre finales del 2016 y principios del 2021, no la adquirió él, sino que la generó otra empresa que ya no existe.

El quid de la cuestión está en que, en caso de existir una sucesión empresarial, quien asuma las riendas del negocio debe hacerse responsable solidario de las deudas contraídas por la gerencia anterior. En su recurso, el afectado defendía que no existía tal sucesión y que, por tanto, no había lugar a que la Seguridad Social le reclamase a él esos 62.769 euros.

Sin embargo, el TSXG ha venido a quitarle la razón. Según se recoge en el fallo, para que exista una sucesión empresarial deben darse una serie de indicios como la coincidencia de las mismas personas ocupando órganos de dirección, que el negocio esté en manos del mismo núcleo familiar, que se dedique a la misma actividad y que compartan un elevado número de trabajadores. La jurisprudencia establece que deben concurrir varios de estos elementos, y el alto tribunal concluye que en este caso sí ocurre.

Vinculación indudable

El propio interesado reconoce en su recurso que ocho de sus 12 operarios trabajaron en algún momento para la anterior gerencia de la empresa —aunque argumenta que se dieron de baja en momentos distintos y antes de que se disolviese la sociedad—, incluido él mismo, y que existe una vinculación familiar «indudable», dado que entre sus empleados están los hijos e hijos políticos de la responsable de la deuda adquirida con la Seguridad Social.

También existe coincidencia en el domicilio en el que inició su actividad la empresa, aunque luego cambiaría a otro lugar, y en proveedores y clientes. Esto lleva a concluir que «también en la actividad existe una identidad que denota cierta continuidad».

Por otro ello queda acreditado que se produjo una sucesión empresarial y se da la razón a la Seguridad Social declarando al recurrente responsable solidario de las deudas contraídas por la empresa ya disuelta. Por tanto, tendrá que hacer frente al pago de cuantía adeudada, incluidos los recargos e intereses correspondientes, y se le impone el pago de las costa procesales por un importe máximo de 1.500 euros.