Oposición total a que se deriven a Santiago los casos de violencia de género
BARBANZA
Los abogados consideran que esta decisión perjudica gravemente a las víctimas
19 may 2023 . Actualizado a las 19:14 h.Si la situación de muchas víctimas de violencia de género de la comarca ya es complicada, ahora aún se hará más cuesta arriba. La Xunta y el TSXG presentaron una propuesta —que está estudiando el Consejo General del Poder Judicial— para la creación de los nuevos órganos en la comunidad, entre los que se incluye una sala específica de violencia de género para Santiago. En ella, además de los casos de ese partido judicial, también se atenderían los procedentes del de Padrón y del de Ribeira, sumando un total de unos 800 anuales, un número indispensable para la puesta en marcha de este nuevo juzgado.
Aunque todavía falta que el Gobierno dé el visto bueno a la propuesta, la medida no ha sido bien recibida en Barbanza, donde la delegación del Colegio Oficial de Abogados de A Coruña considera que esta decisión perjudica a sus clientas. El ente colegial defiende que el partido judicial de Ribeira cuenta con una importante infraestructura de protección a las víctimas de violencia de género, ya que en los últimos años se han tomado diferentes medidas encaminadas a atender con mayor rapidez y eficacia a estas mujeres, tanto en la jurisdicción penal como en la civil. De hecho, se señala que estos avances permitieron que en el 2022 se resolviesen el 94 % de los asuntos ingresados por esta causa.
Desde el Colegio de Abogados enumeran las principales consecuencias de esta decisión, empezando porque se aleja la justicia de unas personas especialmente vulnerables, ya que tendrán a su juez instructor a 70 kilómetros de distancia. Además, se concentrarían en un solo juzgado los casos de las poblaciones de Negreira, Santiago, Padrón, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, «lo que razonablemente conllevaría un retraso en la tramitación de los asuntos», apuntan los letrados, al mismo tiempo que se pierde un servicio público en los juzgados ribeirenses.
Un total de 275 casos al año
María Briones, portavoz de los abogados del partido judicial ribeirense, considera que si finalmente se adopta esta decisión «solo serviría para echar por tierra todo el trabajo realizado en los últimos años», en los que se apostó por medidas más proteccionistas para las víctimas, en las que se incluía una cercanía a los jueces instructores.
Reconoció que en los juzgados de la capital barbanzana se está haciendo un buen trabajo en este campo, concentrando todos los casos de violencia de género en un único juzgado —el número 3—, y eso que el volumen es importante, puesto que solo en el 2022 se atendieron 275 expedientes.
Según destacó Briones, si se lleva a cabo este cambio, se centraría en Santiago la competencia en materia de violencia de género, sin atender que se está alejando a las víctimas de la justicia, «especialmente de aquellas que se encuentren en situación de incapacidad, falta de medios, que carezcan de apoyo familiar o que cuenten con menores a cargo que no puedan dejar con nadie».
Debido a la importancia de este asunto, se ha convocado para este viernes en Ribeira una reunión de la mesa local de coordinación interinstitucional contra la violencia de género (Viogen).
Sonia Fernández: «Nos están machacando vivas y ahora quieren seguir castigándonos»
Tiene claro que nunca quiso acabar en esta situación, «pero la violencia de género existe, nosotras no la hemos buscado», apunta Sonia Fernández, el nombre ficticio de una de las centenares de mujeres de Barbanza que han sufrido esta lacra en sus carnes, y que no comprende la decisión de concentrar todos los casos de este tipo en un juzgado de Santiago. «Nos están machacando vivas y ahora quieren seguir castigándonos. ¿Cómo vamos a ir a Santiago? Tendremos que perder una hora y media en bus para ir y otra para volver, o ¿cómo pagamos la gasolina? La mayoría tenemos un subsidio de 480 euros para el alquiler y la comida, y no nos da para nada más».
Además, se pregunta con quien van a dejar a sus hijos cada vez que tengan que acudir a una vista, o que se verán obligadas a pedir un día libre en el trabajo o incluso faltar a los cursos que están realizando para reincorporarse al mercado laboral. «Nos están dejando desprotegidas, ya somos personas vulnerables y todavía nos ponen más trabas en el camino», insiste Fernández.
La mujer reconoce que la atención que están recibiendo en el partido judicial de Ribeira es buena y que al haber agrupado todos los casos en el Juzgado de Instrucción número 3 «siempre nos atendían las mismas personas y sabían toda nuestra historia. Ahora, además de tener que pasar el mal rato de contarlo todo, cada vez será una persona distinta que no sabe nada de nuestros problemas», apunta.
Además, cree que si finalmente sale adelante la propuesta de agrupar todo en Santiago, muchas víctimas renunciarán a denunciar su situación ante la Justicia. «Ya es difícil reunir el valor para dejar a tu pareja, ahora seguirán aguantando hasta que no puedan más».