En un sistema ideal, todas las familias deberían tener derecho a matricular a sus hijos en las escuelas, empezando desde primero de educación infantil, es decir desde que tienen pocos meses de vida. Ello facilitaría la independencia de los progenitores, sobre todo de las madres, impulsando su acceso o su regreso al mundo laboral. Pero como no es así, de poco sirve que ese tipo de centros formativos, tanto los públicos como los de gestión privada, hayan pasado a ser gratuitos.
Es más, aplicar esa medida sin tener garantizada la existencia de hueco para todos los demandantes es un error que perjudica a aquellas familias que más necesitan el servicio. De hecho, los padres que realmente tienen que depender de las escuelas infantiles preferirían pagar antes de quedarse sin plaza.
Eso sin entrar en los criterios que se establecen para la adjudicación de las plazas, en los que la declaración de la renta tiene un peso importante, en detrimento siempre de las familias con los dos progenitores trabajando, que paradójicamente son las que más necesitan este servicio.
¿Escuelas infantiles gratis? Sí, pero siempre y cuando se garantice que existen plazas para todos, como ocurre en el caso de los colegios, donde la Xunta está obligada a asegurar pupitre en un centro público a todos los alumnos. El Gobierno autonómico ha creado el problema de escasez de plazas y ahora deberá asumir su resolución. Y debería hacerlo en tiempo récord. Mientras, las familias con niños pequeños tienen por delante un problema de difícil solución y los emprendedores, un nicho de negocio interesante.