Hasta ahora, agosto era en la práctica un mes inhábil. Un conjunto de 31 días en los que la monarquía se fotografía en Palma, los juzgados cierran, los ministerios se levantan y el que puede o quiere se va de vacaciones a sitios que suelen estar atestados de personas que dicen escapar de la rutina. En este tradicional mes de churrascadas, sardiñadas y canillas al sol, el hacendoso Gobierno central no descansa, arrancando de la modorra a un buen puñado de empresarios de la cadena mar-industria, que ven como se consuma un temido cambio de normas de Costas contra el que llevan tiempo batallando.
Lo cierto es que la decisión rubricada el martes por Teresa Ribera no ha sorprendido del todo y un representante gallego del sector afirmaba ayer que «xa sabíamos que nolo ían introducir pola Lei do Cambio Climático». Y ahora pues poco cabe hacer. El objetivo marcado es renaturalizar la costa y parece que se aplica tabla rasa. Sin embargo, la costa y el aprovechamiento del litoral no es uniforme en todo el territorio español, lo cual no significa que en Galicia no se hayan cometido desmanes y que no sea preciso atajar determinados aspectos.
Ahora bien, hay que saber de qué se está hablando, porque en la comarca de Barbanza, tomando como referencia los últimos datos del informe Ardán de Zona Franca de Vigo, la cadena mar-industria aporta el 80 % de la riqueza. Traducido en puestos de trabajo estables, son cerca de seis mil directos. Si se habla de movimiento económico, pues por encima de los 2.200 millones. La pregunta es en qué medida todo esto puede verse afectado y si se ha tenido en cuenta.