Dos accidentes recientes han reactivado la demanda de traspaso del vial a la Xunta
13 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Pasan los años y el vial provincial que une Caldas de Reis con Catoira y funciona como enlace principal de la comarca de Barbanza con la AP-9, sigue sumando accidente tras accidente, hasta el punto de que se ha convertido en una patata caliente que las Administraciones implicadas se pasan entre sí y nadie quiere. Los dos últimos accidentes mortales en el vial, el más reciente el pasado octubre, en el que perdió la vida una mujer, han reabierto el debate y reactivado la demanda de traspaso de la carretera a la Xunta de Galicia.
La petición no es nueva, ni mucho menos, y vuelve por sus fueros cada vez que se registra un siniestro grave en el trazado. Hace unas semanas la Diputación de Pontevedra tomaba cartas en el asunto y, tras más de una década de gestiones improductivas, enviaba al presidente de la Xunta y a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade una carta en la que solicitaba la reactivación del proceso de transferencia de la carretera a la Administración autonómica, como primer paso para su conversión en una vía de alta capacidad. Desde el entre provincial coruñés no se ha dado un paso similar todavía, pero la reclamación sigue intacta.
Fuentes de la Diputación a este lado del río Ulla insisten en la importancia estratégica que tiene un vial que no solo vertebra dos comarcas, Barbanza y O Salnés, sino que es una vía fundamental para las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de Galicia: «É un sinsentido que haxa tantas Administracións implicadas nunha estrada que é estratéxica en canto que vertebra dúas provincias. A nosa posición segue sendo a mesma, a de demandar á Xunta que esta vía pase a depender da Administración autonómica». En este sentido, recordaron que en el 2016 ambas diputaciones reclamaron al Ejecutivo gallego que hiciera efectivo el traspaso: «Reiteramos a proposta que está encima da mesa da Xunta desde hai cinco anos sen resposta».
Más de una década
Aunque desde el ente que preside Valentín González Formoso se remontan al 2016, lo cierto es que la demanda viene de mucho antes. Hace once años, un acuerdo entre la antigua Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la Diputación de Pontevedra, entonces comandadas por los populares Agustín Hernández y Rafael Louzán, sentaba las bases de una comisión de seguimiento para llevar a cabo la cesión de la EP-8001.
Es más, antes de eso, el vial ya figuraba entre las actuaciones previstas por la consellería dentro del Plan Move, en el que fue incluida en el 2009, como recordaba el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños: «Non estamos inventando nada nin propoñendo algo distinto ao que o propio Goberno galego recollía no seu plan». El regidor está convencido además de que «ten que ser así porque estamos a falar dun eixo vertebrador, xa non de dúas comarcas, senón de dúas provincias. Os que non pintamos nada somos os concellos, que somos os que padecemos as consecuencias de que haxa unha estrada dividida en cachiños que pertencen a distintas Administracións».
En este sentido, Muíños recordó que son los ayuntamientos de Rianxo y Catoira los que asumen el alumbrado del puente que cruza el río Ulla: «Non ten sentido».
Con todo, el mandatario rianxeiro apunta que es a las diputaciones a las que les corresponde capitanear esta reclamación toda vez que son quienes tienen la titularidad del trazado. Desde la coruñesa, indican que insistirán en esta petición sin rehuir otras cuestiones: «A Deputación non elude a súa responsabilidade sobre a vía no caso de que fora preciso facer melloras ou investimentos nela antes da transferencia, pero é unha estrada estratéxica e debe ser da Xunta de Galicia».
En el Parlamento
Por otra parte, a través de la diputada pobrense Rosana Pérez, el BNG prevé trasladar esta cuestión al Parlamento gallego instando a la Xunta a que asuma la titularidad de la carretera.
A los argumentos ya esgrimidos, la Diputación de Pontevedra añade uno más: la elevada densidad del tráfico, también pesado, que soporta un trazado que para Barbanza es fundamental para las comunicaciones con el sur dado que es el enlace natural con la AP-9. De ahí la petición formulada a ambos lados de la ría por políticos y empresarios para que la carretera se transforme en una vía de alta capacidad que enlace la AG-11 con la autopista.
