El bono eléctrico pierde usuarios en Barbanza en plena escalada del precio de la luz

Con el objetivo de proteger a consumidores vulnerables, el Gobierno creó el bono social eléctrico, que prevé rebajas en la factura de la luz para familias con menores posibilidades económicas. Los beneficiarios de estas ayudas experimentaron un bajón considerable con el cambio de las condiciones para poder acceder a ellas aprobado en el 2017, pero desde entonces la cifra de clientes con este bono se ha mantenido más o menos estable. Es más, sorprendentemente, ha perdido usuarios en plena escalada del precio de la luz y en Barbanza son cerca de 2.500 los abonados que disfrutan de descuentos, frente a los algo más de tres mil que había hace ahora dos años, según los datos aportados por Naturgy, la principal comercializadora de electricidad.

Uno de los aspectos que podría explicar este descenso es que el bono social debe renovarse cada dos años y hay un procedimiento y unos plazos establecidos para hacerlo. Puede darse el caso de que la situación económica del beneficiario mejore y deje de cumplir los requisitos de renta para optar a la ayuda y por tanto no se le conceda, o bien que no renueve su solicitud en tiempo y forma, con lo que automáticamente perdería ese derecho, algo que le ocurrió a muchos usuarios cuando se materializó el cambio de la normativa.

En este sentido, el real decreto del 2017 obliga a las comercializadoras a informar a sus clientes de la necesidad de renovar el bono dos meses antes de que caduque con el objetivo de que las personas que tienen derecho a la bonificación no la pierdan.

En cuanto a los datos correspondientes a los municipios de Barbanza, la cifra de beneficiarios baja en todos con respecto a los datos del 2019. Con todo, salvo en Carnota, donde hay registrados 73 clientes, en los demás ayuntamientos la cifra de usuarios con bonificación está por encima del centenar. A la cabeza del ránking comarcal se sitúa Ribeira, con 600, seguido de Boiro (349), Noia (256) y Muros (217), que supera con bastante diferencia a otros concellos más poblados como Rianxo o A Pobra.

Cambio de escenario

En total, en el conjunto del territorio barbanzano hay 2.493 familias que se benefician de las bonificaciones en la factura de la luz, un cifra que supera ampliamente la registrada cuando comenzaron a aplicarse los nuevos criterios para acceder a los descuentos, que oscilan entre el 25 y el 50 % según la categoría del cliente, estipulada en función de la renta de la unidad familiar. Hubo varias moratorias para que quienes contaban con el bono social eléctrico lo renovasen, y en la última, en la recta final del 2018, en Barbanza constaban poco más de dos mil abonados que, dada su situación de vulnerabilidad, pagaban menos por la luz.

El descenso con respecto a la situación previa al real decreto del 2017 que modificó las condiciones para acceder a las bonificaciones es notable. No en vano, antes del cambio de la normativa bastaba con tener contratada una potencia inferior a tres kilovatios sin importar la renta. Entonces, en Barbanza había 10.799 usuarios con descuento en la factura.

Un mecanismo que tramitan las empresas y regula el Gobierno central

Explican quienes tratan con personas con pocos recursos que existe desinformación sobre el bono social eléctrico, cómo solicitarlo o cómo funciona. Estas son algunas claves de la ayuda del Gobierno.

Concesión

Estatal. Aunque se tramita a través de las empresas comercializadoras de electricidad, no son estas, sino el ministerio, el que admite o deniega las solicitudes. Puede pedirse por teléfono, correo postal o electrónico y hay que renovarlo cada dos años.

Beneficiarios

Tres categorías. Los bonos están dirigidos a personas en una situación económica desfavorable con el objetivo de garantizar que tengan acceso al servicio y se establecen tres clases en función de la renta: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social.

Descuentos

Por tramos. Las rebajas en el coste de la electricidad varían en función de la categoría. Para los usuarios vulnerables es del 25 %, para los vulnerables severos del 40 % y para los de riesgo de exclusión, del 50 %.

 

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