Ruiz califica de aberración separar la gestión del saneamiento y dice que perjudica a las economías familiares

Visiblemente preocupado por las repercusiones del voto en contra de PBBI, PSOE y Suma Ribeira, en el pleno extraordinario del 30 de diciembre, para que el Concello asumiera el 1 de febrero la gestión de la EDAR de Couso, el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, compareció ayer para dar cuenta de la reunión mantenida esta semana con la conselleira de Infraestructuras y la directora de Augas de Galicia sobre el nuevo horizonte que se abre. Ruiz calificó de aberración separar la gestión del saneamiento, explicando que puede darse el caso de que dicho cometido recaiga en tres empresas distintas.

Incidió en que supone un perjuicio económico para las economías familiares, añadiendo que también repercutirá negativamente en la propia gestión del sistema de alcantarillado

Sobre el aspecto monetario, el alcalde recalcó que la Xunta de Galicia cobrará el 100 % de lo que implique la prestación del servicio. Una primera estimación apunta a que la factura para los consumidores podría ser un 20 % más cara que si el Concello asumiera las competencias. En este sentido, subrayó que con la baja por licitación, los 24,30 euros de aumento trimestral inicialmente previstos podrían quedarse en 18, lo que supondría seis euros al mes.

Justicia distributiva

A la hora de analizar las consecuencias de lo que calificó como un acto político irresponsable, Ruiz Rivas precisó que con un modelo como el aprobado en el pleno se rompe con el principio de justicia distributiva.

Esto se debe a que los vecinos de Corrubedo, Olveira y Artes deberían afrontar el pago de su EDAR y, además, de forma conjunta, habría que asumir los gastos derivados de los tanques de tormenta y colectores, cuya gestión sería municipal.

Esto, dijo, conllevaría que vecinos de diferentes parroquias estarían pagando facturas distintas por una depuración similar e, incluso, que deban pagar por infraestructuras de las que no son beneficiarios. Esto no sucedía, explicó, en la ordenanza fiscal planteada por el ejecutivo, que establecía un mismo importe.

También destacó que, según el acuerdo adoptado, a partir del día 1 de febrero la Xunta comenzará a cobrar y que lo hará vía canon, lo que puede suponer un incremento considerable en el coste para los consumidores, o repercutiendo el importe al Concello. En este último caso, Manuel Ruiz recalcó que, al carecer de una ordenanza fiscal, el Ayuntamiento se encontraría con serías dificultades para afrontar el pago sin menoscabar la prestación de otros servicios. Esta circunstancia podría, incluso, afectar a su equilibrio financiero.

Búsqueda de una solución con BNG y PSOE

Según lo acordado en el pleno del 30 de diciembre, en el que el BNG se abstuvo en relación a la firma del convenio con la Xunta para asumir la gestión de la EDAR de Couso, la Administración autonómica entregará el día 31 al Concello los colectores de la depuradora y pasará a encargarse únicamente de la propia EDAR. El alcalde reconoció que intenta revertir esa situación buscando una solución con PSOE y BNG.

El propósito es que pueda revocarse el acuerdo plenario antes del 31 de este mes. A la hora de hablar de lo ocurrido el día 30, dijo que se había producido una aberración política al incumplirse lo decidido en agosto, cuando la corporación si apoyó de forma mayoritaria la firma del convenio con la Xunta.

Criticó la actitud «de algún grupo irresponsable ao que lle importa un bledo o pobo». Refiriéndose al PBBI, aunque sin citarlo, señaló que su mayor interés es que «Ruiz perda votacións». También hubo un toque de atención dirigido al PSOE, que modificó su voto en relación al emitido en agosto. En cuanto al BNG, Manuel Ruiz aseguró: «Sempre ten unha postura coherente».

Asimismo afirmó que su intención es que todo el sistema de saneamiento lo lleve la misma Administración.

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