Algunos concellos ya han empezado a notificar a los dueños su obligación de rehabilitarlos
06 may 2019 . Actualizado a las 21:20 h.El día 22 entrará en vigor la nueva Lei de Rehabilitación de Galicia, un texto que busca poner coto al abandono de inmuebles, especialmente de aquellos enclavados en núcleos antiguos, y que entre las novedades más llamativas incluye la posibilidad de expropiar las construcciones que se encuentren en estado de abandono, así como la venta forzosa mediante subasta pública. En la comarca se calcula que podrían ser medio centenar. Faltan un par de semanas para que esto sea de obligado cumplimiento, pero los concellos barbanzanos ya se han puesto manos a la obra adelantándose al estreno de la norma.
El que va más avanzado en este sentido es el Ayuntamiento de Rianxo, que ya ha cursado notificaciones a los propietarios de media decena de inmuebles del casco urbano para que procedan a acometer las actuaciones necesarias para garantizar el ornato público de sus edificaciones. En uno de los casos ha bastado con un contacto verbal para que los dueños de la construcción ejecutasen las mejoras precisas, mientras que en lo que respecta a una estructura inacabada que afea el entorno de la calle Arcos Moldes desde hace años ya se ha presentado el proyecto para proceder a su derribo.
En cuanto a los demás inmuebles, se han dictado órdenes de ejecución. Una de ellas estaba dirigida al Banco Santander, propietario de un edificio de ladrillo en la Praza da Fonte, que también ha respondido al requerimiento enviando a sus técnicos al Concello para tomar nota de las obras que está obligado a realizar.
En estudio
Aunque es el que más ha avanzado en la materia, el rianxeiro no es el único Ayuntamiento de la comarca que se ha puesto manos a la obra adelantándose a la entrada en vigor de la Lei de Rehabilitación. Es el caso de Ribeira, por ejemplo, donde están localizados alrededor de una decena de inmuebles que incumplen las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Fuentes municipales explicaron que los técnicos están estudiando en profundidad la ley publicada la semana pasada para establecer las líneas de actuación, ya que la norma prevé varias opciones además de la posibilidad de expropiar: dictar órdenes de ejecución, la aplicación de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria de las obras por parte de la Administración.
En una situación similar se encuentran en Noia. El alcalde, Santiago Freire, explicó que se está organizando un protocolo de actuación con la nueva secretaria municipal. En concreto, se está elaborando un modelo de notificación para advertir a los propietarios de sus obligaciones y fijar los plazos para que se lleven a cabo las mejoras requeridas.
Añadió que, en un principio, se priorizará el control sobre los inmuebles del casco histórico noiés, para luego extenderlo a otras zonas del municipio.
Según los datos aportados por los concellos, en la comarca son en torno a medio centenar los inmuebles susceptibles de poder expropiarse con la nueva legislación en la mano. Esta cifra se corresponde, eso sí, con los núcleos de las principales localidades, dado que por el momento no se ha realizado el cómputo de las construcciones en esta situación en las zonas rurales.