La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para el acusado por el incendio que cercó Xarás en el 2013

El juicio se celebrará la próxima semana en Santiago


Ribeira

La sección sexta de la Audiencia Provincial será la encargada de juzgar la próxima semana al ribeirense que está acusado de provocar el incendio que en agosto del 2013 cercó el polígono de Xarás y el hospital y obligó a cerrar al tráfico durante horas la autovía de Barbanza y la carretera AC-550. La Fiscalía solicita para el único procesado por estos hechos, que ya estuvo en prisión provisional durante diez meses, una pena de 15 años de cárcel, así como el pago de una indemnización de 164.265 euros por los gastos de extinción y las pérdidas en productos maderables.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, que había participado en la extinción de otros fuegos forestales como voluntario e integrante de Protección Civil, conocía perfectamente el terreno incendiado y las condiciones ambientales propicias para favorecer la propagación de las llamas. El 27 de agosto del 2017 se daban esas circunstancias, con tiempo seco, vientos de 20 kilómetros por hora y rachas de 45 y una humedad relativa del 62 %, por lo que, según el relato de la acusación, el procesado aparcó su coche bajo un puente de la autovía sobre las 20.15 horas «con la intención de incendiar el monte y a sabiendas de que el fuego se podía propagar a lugares habitados». Según este relato, recorrió a pie un camino de tierra en la zona de A Carballa y a su paso «creó al menos tres focos».

Más de 180 hectáreas

El incendio se extendió rápidamente por la zona e incluso atravesó la autovía, que tuvo que cortarse al tráfico, al igual que la AC-550, y llegó al polígono de Xarás y al entorno del hospital comarcal. Hubo que desalojar varias naves industriales y varios vehículos de un desguace resultaron calcinados. Las llamas no llegaron a alcanzar el hospital, pero se valoró su evacuación. Durante las 60 horas que tardó en darse por extinguido, el fuego devoró algo más de 180 hectáreas de monte propiedad de particulares, las comunidades de montes de Artes y Oleiros y el Concello de Ribeira.

Por todo ello, el fiscal solicita una pena de 15 años de prisión y el pago de una indemnización de 85.203 euros por el coste del operativo de extinción y 79.062 euros por las pérdidas en recursos madereros.

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