El derecho de las personas con discapacidad a vivir sin barreras es una quimera a pesar de que lo exige la ley
29 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado 4 de diciembre, hace prácticamente un año, concluyó el plazo para que productores, entornos, inmuebles, bienes y servicios se adaptasen a la ley de derechos de las personas con discapacidad. Transcurridos casi 12 meses, el índice de cumplimiento de la normativa, tanto por parte de las Administraciones como de particulares, es mínimo, por eso ayer una veintena de entidades de toda Galicia integradas en Cogami -entre ellas Ambar, en Boiro, y Misela y Adisbismur, en Muros- salieron a la calle para llamar la atención sobre este asunto. Con la campaña #Arrestópolis pusieron el acento sobre todo en la falta de cumplimiento de la legislación en los edificios de viviendas. Se trata de una estimación, pero se calcula que menos de un millar de los más de 70.000 domicilios que hay en la comarca son plenamente accesibles.
Las dificultades para lograr la completa eliminación de barreras en los inmuebles son variadas, aunque una de las principales es la económica, por el elevado coste que suponen determinadas actuaciones como puede ser la instalación de un ascensor, mecanismo del que carecen los edificios más antiguos. Para salvar este escollo, las entidades integradas en Cogami reclaman a las Administraciones la creación de más ayudas específicas para financiar las obras necesarias para que esto sea posible.
Según los últimos datos recabados por la Diputación, en el área barbanzana existen 70.048 viviendas, y se estima que solo un 1 % es plenamente accesible y, por tanto, permite que las personas con diversidad física y orgánica puedan moverse libremente.
Personas aisladas
Sin embargo, la inmensa mayoría no garantizan ese derecho, bien porque hay que sortear un tramo de escaleras antes de llegar al ascensor, porque las medidas del elevador no se ajustan a las de las sillas de ruedas o porque el acceso desde la calle es imposible. Y esto supone que muchos vecinos se vean obligados a vivir aislados dentro de su propia casa.
De ahí uno de los lemas de esta campaña, ¡Mi casa no es mi cárcel! En los actos celebrados ayer en la comarca se puso de manifiesto lo injusto de esta situación: «A privación de liberdade sen ter cometido ningún delito é unha das peores vulneracións de dereitos». Y a ello se suman otros derechos quebrantados: «Unha vivenda digna é fundamental para levar unha vida normalizada, e é imprescindible garantir o dereito á mobilidade».
