Quizás la principal crítica de los colectivos en defensa de la sanidad pública es qué ocurre con aquellos pacientes que deciden no operarse en un hospital privado, sino que quieren esperar a ser intervenidos en su centro de referencia. Porque en este caso no tienen derecho a exigir que se cumplan los reglamentos de esperas máximas, al quedar en la lista de espera no estructural, que además no se hace pública semestralmente como sí ocurre con la oficial.
Tal y como explicó en el Parlamento el director xeral de Asistencia Sanitaria, los pacientes «non quedan no caixón». Es decir, están registrados en un listado en el que también están aquellos usuarios a los que hay que retrasar su intervención porque son «transitoriamente non programables», por ejemplo, porque están de viaje durante esos días o porque han tenido un problema de salud temporal que les impide pasar por el quirófano.
Las mismas condiciones
Cuando se llama a un usuario se le explica que se remitirá a un centro acreditado por la inspección y que cumple con los estándares de calidad, y que no tendrá que pagar nada ni por la intervención, ni por la estancia o las consultas que se deriven de ella.
Eso sí, tampoco tendrá los derechos de un paciente con seguro privado, por ejemplo, de reclamar una habitación individual.