Los abogados estallan por el embudo «histórico» de las cláusulas suelo

mila m. A CORUÑA / LA VOZ

BARBANZA

MARCOS MÍGUEZ

Estiman que serán necesarios entre dos y tres años para alcanzar la normalidad

24 abr 2019 . Actualizado a las 22:01 h.

Apenas tiene 15 meses de vida y acumula miles de causas pendientes. Los sindicatos judiciales estiman unas 2.800. El Xulgado de Reforzo de Primeira Instancia n.º 7 de A Coruña, en el edificio de la antigua Audiencia, abrió sus puertas en junio del 2017 para hacer frente a una avalancha: las cláusulas suelo. Su misión, tramitar las de toda la provincia. Los abogados nunca vieron con buenos ojos la creación de estas salas uniprovinciales promovidas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. «Se creó un órgano especializado sin medios. Un tribunal como el de A Coruña tiene capacidad para despachar como mucho unos mil casos al año y va para 3.000», apunta Francisco Rabuñal, el decano del Colexio de Avogados de Santiago. La parálisis por la huelga elevó el atasco a una crisis que los letrados gallegos definen de «histórica», la «mayor en los últimos 30 años», asegura Rabuñal.

El embudo judicial mantiene en vilo a miles de familias que esperan para recuperar los ahorros que se llevaron las cláusulas abusivas de sus hipotecas. «El procedimiento lógico debería ser el seguido con las preferentes. Acudir a los juzgados de primera instancia de cada partido judicial», mantiene el decano. «Presentei na sala da Coruña a demanda dunha familia de Betanzos o 30 de novembro. Ata agora só temos o número de expediente. Somos o dous mil e pico», cuenta Catuxa Lage, abogada con un despacho en esta localidad coruñesa dotada con juzgados de primera instancia.

Órdago de los letrados

El plan de choque prometido por la Xunta con el fin de la huelga de funcionarios en el verano no llega. «Esta semana esperamos reunirnos con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y con Vicepresidencia de la Xunta», comunica Rabuñal. El pasado viernes los decanos de todos los colegios de abogados de Galicia celebraron un encuentro en Ferrol para cerrar posturas. «La Xunta no nos ha incluido en ninguna de sus conversaciones y somos los que representamos a los demandantes», censura el decano compostelano. «A solución sería volver ao sistema anterior, aos xulgados de primeira instancia», defiende Catuxa Lage.

La sala de la calle Juan Varela ha recibido refuerzos, «tienen un auxiliar con contrato, como mínimo, hasta finales de año», dice Raquel Estévez, funcionaria y delegada sindical de CC.OO. «Esperamos que la Xunta nos convoque para abordar el plan de refuerzo. Hay funcionarios voluntarios para hacer horas». La vuelta a la normalidad tardará un tiempo en llegar. «Entre dos años y medio y tres», expone Rabuñal. «Siguen llegando demandas, no es un problema estático», dice.

La sala de A Coruña donde se tramitan las demandas por los contratos bancarios más polémicos, desde las swaps al IRPH, es la que soporta uno de los mayores atascos judiciales de Galicia. Pero no la única. La huelga tuvo consecuencias en otros órganos. «En las ejecuciones penales y en juzgados concretos, como el de laboral de Santiago, hay un colapso significativo», detalla Rabuñal. «Era previsible que colapsara la oficina del juzgado ante la cantidad de casos interpuestos, lo que ha afectado a otros procedimientos abiertos ante la sala de instancia de A Coruña», reconoce Bibiana Isorna, abogada en Santiago. El mal endémico de la Justicia, los retrasos, tiene aquí uno de sus mayores picos de crisis.

«La huelga duplicó un colapso previsible, no es el problema de origen» 

Está especializado en Derecho penal y civil. En su bufete de Ferrol, Julio Barros Casal también tiene clientes pendientes de sus demandas por las cláusulas suelo.

-¿Hay enfado entre los abogados por los casi cuatro meses de parálisis que supuso la huelga?

-La huelga duplicó un colapso que era previsible, pero no es el problema de origen. La acumulación de demandas por las cláusulas abusivas comenzó a gestarse en el 2017, después de la imposición de los tribunales uniprovinciales para abordar estos casos. Hay una doble causa de acumulación. Que sea un juzgado uniprovincial es un problema en sí. Antes de la huelga ya se había detectado un aluvión de demandas a las que iba a ser muy difícil darles una salida rápida.

-¿El atasco fue entonces una crónica anunciada?

-Desde la abogacía lo advertimos cuando el ministerio, en aquel momento dirigido por Rafael Catalá, decidió que las cláusulas suelo no se tramitaran en los juzgados de primera instancia de cada partido judicial. Se pusieron en marcha órganos uniprovinciales que no se dotaron de medios humanos ni materiales suficientes. De hecho, ya han contratado refuerzos. Si mil asuntos en trámite pueden ser una ratio considerable, con más de dos mil se está duplicando lo razonable.

-¿Por qué se adoptó esta medida desde el ministerio?

-El motivo esgrimido fue unificar criterios. Puede tener sentido, con cientos de salas juzgando podían salir sentencias dispares. Pero, entonces habría que hacerlo en otras causas: juzgados uniprovinciales de todas las materias. La disparidad es consustancial con la administración de Justicia.

-¿Hay más casos de juzgados uniprovinciales?

-Están los tribunales y, después, hay pocos más. Algunos de mercantil, pero tienen una carga de trabajo inferior y cuentan con varias salas, algo que no ocurre en el uniprovincial de A Coruña para las cláusulas suelo.

-¿Se ve la luz al final del túnel con el avance de septiembre y el plan de choque prometido por la Xunta?

-Hay muchísimo trabajo por delante para desatascar esta situación. Lo bueno es que ya se apuntaron para los refuerzos muchos funcionarios. Además, el aluvión de las demandas por las cláusulas abusivas ya tuvo su pico. Las entidades financieras, afortunadamente, han tomado nota.

-¿Qué sentido tendrán después estos juzgados uniprovinciales?

-Al menos en esta materia, de aquí a unos años los procedimientos por estos productos bancarios van a ir descendiendo. La propia existencia de estos juzgados dejará de tener sentido a no ser que se adapten a nuevas demandas. De hecho, son una anomalía, legalmente hablando. Hubo que hacer una modificación específica de la normativa sobre competencia jurisdiccional para crear estos órganos.