Los barbanzanos pagan más por el IBI que la media de la provincia

Los ayuntamientos ingresan 13 millones anuales por la recaudación de este impuesto


mazaricos / la voz

Los ayuntamientos barbanzanos ingresan cada año 13 millones de euros en concepto de recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), tanto de naturaleza rústica como urbana. Esto supone un desembolso medio por vecino que asciende a 109,7 euros, ligeramente superior al que se registra en el conjunto de la provincia, que es de 102.

La mayoría de lo recaudado por este concepto corresponde a viviendas, garajes u otro tipo de construcciones consideradas de carácter urbano, y que permiten ingresar a los concellos de la zona algo más de 11 millones de euros anuales. A la cabeza en volumen de recaudación por este concepto están Ribeira y Boiro, con 4,5 y 3,1 millones de euros, respectivamente, seguidos de Porto do Son con 1,2 millones.

Aunque los pormenores de este impuesto pueden resultar farragosos para la mayoría de contribuyentes -aparecen recogidos entre los artículos 60 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- lo cierto es que la forma de calcularlo es relativamente sencilla. De hecho, la cantidad a pagar resulta de aplicar sobre el valor catastral del inmueble un determinado porcentaje establecido de forma individual por cada ayuntamiento.

El cálculo

El valor catastral -acostumbra a ser sensiblemente inferior al de mercado- lo calcula la Gerencia Territorial del Catastro atendiendo a aspectos como la superficie del inmueble, su ubicación, el tipo de cultivo o, de ser el caso, el año y presupuesto de construcción. En cuanto al porcentaje aplicado a esta base imponible, la normativa establece unos coeficientes máximos y mínimos a los que deben ajustarse las entidades locales y que, en el caso de inmuebles urbanos, oscila entre el 0,4 % y el 1,1 %.

Para las fincas rústicas este porcentaje se mueve entre un mínimo del 0,3 % y un máximo del 0,9 %. Existen, sin embargo, excepciones para el caso de aquellos municipios en los que se haya llevado a cabo un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, donde el tipo de gravamen puede reducirse durante un máximo de seis años hasta el 0,1 % para los inmuebles urbanos y de 0,075 % para los rústicos.

La legislación también permite a los ayuntamientos fijar un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto en el caso de inmuebles de uso residencial que estén desocupados con carácter permanente.

La normativa establece que dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble.

Sin embargo, no existe constancia de que ninguno de los concellos de la comarca barbanzana aplique esta disposición legal con aquellas construcciones que están desocupadas o en las que nunca ha vivido nadie.

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