Prestaciones tramitadas el pasado ejercicio todavía continúan sin resolver
17 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«He llorado de impotencia por casos de denegación de la Risga», afirma una técnica de Servizos Sociais de un concello de Barbanza. Su frustración es compartida por otras compañeras de la comarca, alguna de las cuales manifiesta: «Coa Risga estanse dando situacións psicodélicas». Los demandantes se quejan de las dificultades que deben sortear para recibir unos ingresos que les permitan escapar de la exclusión y las trabajadoras sociales ven como, en muchos casos, su valoración positiva para la concesión de la ayuda topa con un muro burocrático.
Por una parte, explican que el tiempo de espera se alarga durante meses por los requerimientos que se hacen: «Es un retraso provocado», dice una profesional. La excepción son las situaciones que se consideran de urgencia, como las que afectan a víctimas de violencia sexista.
Solicitudes tramitadas el pasado año aún están sin resolver o acaban de hacerlo. Las técnicas precisan que el acceso a la prestación es difícil porque solo con que el solicitante tenga un familiar que pueda proporcionarle alimentos no se la dan, pero hay muchas otras razones: «Llevaba seis meses esperando por una Risga y se la denegaron porque trabajó un mes».
Algunas profesionales se lamentan de que «tienes que pasar por rayos x» a los posibles beneficiarios y otras precisan que el componente de integración social se está perdiendo.
Política Social dice que se aplican criterios que flexibilizan ciertos apartados de la ley
Frente a la afirmación de los profesionales de Servizos Sociais de que los elevados requisitos limitan el acceso a la prestación, desde Política Social indicaron que se están aplicando criterios que flexibilizan ciertos apartados de la ley. Asimismo, subrayaron que en el decreto de desarrollo de la normativa que se está tramitando se han incluido cambios que permitirán aligerar los aspectos relativos a la vivienda, «permitiendo que dos beneficiarios compartan casa o residan en habitaciones alquiladas».
Sin embargo, Política Social precisa que otras exigencias, como la comprobación de la existencia de familiares obligados a ayudar económicamente «vienen determinadas en el texto legal y son inherentes a la propia naturaleza de la Risga».
Ante la percepción de los técnicos de que falta un perfil social entre el equipo tramitador, desde la Xunta se asegura que «la aplicación de las normas se hace de forma profesional y homogénea por parte de los tramitadores».
«Non teño nin un euro para mercar pan»
Los vecinos alertaron a Cáritas de Boiro de la situación por la que atravesaba Carmen Vidal Ouviña, una vecina sin ingresos que hace un año se debatió entre la vida y la muerte a causa de una enfermedad. Desde entonces, la ONG le proporciona comida y elementos básicos, como butano, mientras que Servizos Sociais le presta atención a domicilio y, explica, Carmen Vidal, «tramitáronme tres axudas, unha delas a Risga, pero van alá oito meses e non chega resolución de ningunha. A única resposta que recibín foi hai dez días, para ir a Santiago á inspección médica. Iso si, papeis pídenme moitos».
Desde Cáritas se cuestiona la falta de agilidad en casos como este: «Se trata de una persona en situación crítica», señala su presidenta. Carmen Vidal afirma que, «de non ser por Cáritas, morría de fame. Non teño nin un euro para mercar pan», al tiempo que destaca el apoyo que también recibe de Servizos Sociais.
Esta mujer de 59 años, que trabajó en la conserva y que, incluso, durante años fue cantante en orquestas, comenta que su mayor preocupación es el pago de la factura de la luz: «¿Que fago eu se quedo sen electricidade?, pobre de min. Xa lle debo un recibo a unha veciña á que lle pedín os cartos e agora teño outros 52 euros sen pagar».
Cuidándola durante su enfermedad estuvo Javier Díaz, que también carece de recursos y que está afectado por una dolencia.