Los ayuntamientos se ven superados, es algo que los dirigentes de las Administraciones locales llevan tiempo denunciando. Por una parte, se quejan de que las exigencias de informes del Ministerio de Economía obligan a tener a funcionarios prácticamente dedicados a emitir justificantes de gastos y comprobantes de pagos. Por otra, en un afán por borrar de la historia el carácter picaresco de nuestro país, se pretende ejercer el control hasta el infinito y más allá. Esto último se ha traducido en las nuevas disposiciones para la contratación de obras, que traen de cabeza a los departamentos de Urbanismo.
Con tantas atribuciones y tan poco personal, examinar la decena de ofertas que se presentan a cada convocatoria de licitación resulta cada vez más difícil. Eso explica, por ejemplo, que haya muchos ayuntamientos en los que todavía se estén ejecutando ahora actuaciones de los planes provinciales del 2015 o 2016.
Las empresas buscan desesperadamente trabajo y los concursos de las Administraciones públicas son una buena opción. Con el propósito de conseguir la adjudicación a toda costa, muchas ofrecen precios que están muy por debajo de lo estimado. Aunque los concellos intentan controlar este tipo de cosas, la saturación llega a tal extremo que a veces se opta por la propuesta más ventajosa y, claro, después vienen las sorpresas. O la obra no se acaba en el tiempo estimado y la empresa pide una prórroga, o los trabajadores no cobran o, directamente, se ponen materiales de peor calidad.
En este último aspecto, posiblemente también debido a la acumulación de tareas, los ayuntamientos de la comarca tienen una importante carencia. No se supervisa como debiera la ejecución de los trabajos y después sucede que inmuebles nuevecitos tienen filtraciones de agua, que barandillas recién colocadas se mueven como si los tornillos de sujeción hubieran cedido por el uso o que donde tenía que haber acero inoxidable se ha colocado un material que brilla como si lo fuera, pero está lejos de serlo.
El esfuerzo que hacen los concellos de la comarca por atender todos los frentes que tienen abiertos es meritorio, pero debe prestarse especial atención a la ejecución de obras públicas porque eso también repercute en las arcas municipales. Aunque la obra esté en garantía, si perjudica a los usuarios, eso implica un coste, si hay que gestionar con el constructor el arreglo e iniciar todo un procedimiento, eso implica que el funcionario ocupado de esa labor no hace otra cosa. Es demasiado frecuente ver en las calles trabajos recién hechos que presentan deficiencias, y esto no puede justificarse de ninguna de las maneras.